SANTIAGO – El Pleno de la Corte Suprema acordó, con fecha 4 de junio, la implementación de un mecanismo de recopilación de información respecto de los procesos en que se investigan hechos constitutivos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado, desde octubre de 2019 a la fecha, debiendo, para tal efecto, considerar los antecedentes que otros actores del sistema de justicia con injerencia en este ámbito –como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos- tienen al respecto.
Este iniciativa se enmarca en el documento “Propuestas de acciones posibles de adoptar por el Poder Judicial respecto a casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos en el contexto del estallido social”, elaborado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
“Desde inicios de las protestas sociales de octubre de 2019, diversas instituciones e instancias han mostrado su preocupación por los hechos de violencia y en particular, sobre situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos” dijo la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al dar a conocer esta resolución.
Junto con reseñar las recomendaciones sobre esta temática efectuadas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la ministra recordó que la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, a través de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “conformó en abril del presente año una instancia de trabajo destinada a proponer una serie de medidas concretas y de corto plazo que permitan destrabar las complejidades en la investigación y tramitación de las causas iniciadas por denuncias de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 18 de octubre del 2019, con el propósito transversal de avanzar de la mejor forma en la investigación y tramitación judicial”.
“El Poder Judicial, por su parte, -dijo Chevesich- desde el inicio de las protestas sociales, ha desarrollado levantamientos de información sobre el comportamiento procesal de las causas penales en esta compleja etapa, a fin de entregar a los organismos pertinentes cuando han sido requeridos”.
Puntualizo la ministra que “la Corte Suprema decidió implementar la iniciativa propuesta considerando las recomendaciones dadas por los organismos mencionados, coherente con la postura que el Poder Judicial ha asumido como órgano preocupado por la visibilización y prosecución de dichas causas judiciales”.
“Como se puede advertir, la temática de los derechos humanos, en cuanto a su promoción y protección, es una preocupación permanente de la Corte Suprema; hemos hecho seguimiento de las causas que con motivo del estallido social se han incoado en los tribunales y deseamos sistematizar esa información; y reglamentarla es una buena noticia no solo para los abogados litigantes o investigadores sociales, sino como un eficiente mecanismo de rendición de cuentas de la labor jurisdiccional”, reseñó la vocera .
La decisión se adoptó con prevenciones y un voto en contra, cuyos términos están contenidos en la resolución.
