Miami (6 de julio de 2021).- Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recogieron en Nicaragua crudos testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La misión de la SIP dio a conocer un reporte preliminar del que entregará a su Comité Ejecutivo el 16 de este mes, y prevé asimismo elevar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La entidad exhortará a organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de periodistas y detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática. También pedirá que la prensa internacional continúe informando para mantener viva la conciencia sobre la crítica situación en el país.
En una misión desarrollada en formato virtual, por las restricciones sanitarias y las limitaciones para ingresar al país centroamericano, la delegación de la SIP dialogó con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
«Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia», dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la realización de elecciones generales libres y transparentes el próximo 7 de noviembre, como establece el cronograma, solo será posible si se recupera el pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y las garantías de debido proceso judicial. Agregó que es imprescindible que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior.
La acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Ortega-Murillo encendió alarmas en septiembre del año pasado. Ese mes, la Asamblea Nacional dominada por el régimen inició la sanción de una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna.
En apenas seis meses, salieron del parlamento sandinista normas como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que llevó al cierre de organizaciones no gubernamentales de defensa de libertades por recibir fondos legales del exterior; la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada «ley mordaza al periodismo» y de control de empleados estatales; la instauración de cadena perpetua por «delitos de odio»; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que veda la postulación de candidatos que «exalten y aplaudan la imposición de sanciones» internacionales; la reforma del Código Procesal Penal, para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada («Te detienen y luego ven qué causa te arman», se denuncia) y una enmienda que permite que personas vinculadas al gobierno sancionadas por Estados Unidos por corrupción o violación de derechos humanos puedan abrir cuentas en bancos de Nicaragua.
En ese marco normativo dictatorial creó las condiciones para que en los dos últimos meses se desatara una embestida contra todo sector que se atreviera a cuestionar al poder omnímodo o que pusiera en riesgo la nueva reelección del matrimonio Ortega-Murillo.
El 20 de mayo último fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro. Periodistas que informaban sobre el operativo fueron reprimidos o detenidos y hubo requisa de equipos.
A partir de entonces, 21 personas fueron encarceladas e incomunicadas o sometidas a prisión domiciliaria, entre ellas cinco precandidatos presidenciales. Además, se ordenaron restricciones migratorias para periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta. Más de 30 reporteros y editores fueron citados por la Fiscalía y se les consulta cómo consiguen información y cómo la difunden.
Las detenciones y allanamientos se realizan en muchos casos de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y con ostensibles demostraciones de violencia que revelan la intención de amedrentar y silenciar voces críticas.
La misión de la SIP recogió denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas. Presionan también a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse tras recibir intimidaciones o ser citados a dependencias policiales sin orden de la Justicia. Se recogieron testimonios de que esos grupos ilegales persiguen inclusive a exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses.
Decenas de empresarios, políticos y periodistas salieron del país en junio, en muchos casos por puntos ciegos de la frontera con Costa Rica. De inmediato, ese país les da condición de refugiados, aunque luego deben aguardar permiso para trabajar.
El éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática.
No obstante, hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión.
Los contactos de la misión se realizaron en todos los casos bajo el compromiso de mantener absoluta reserva, lo que refleja el clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, recordó que dos misiones anteriores a Nicaragua –realizadas en 2018 tras las protestas callejeras que dejaron un saldo de más de 300 muertos y derivaron en la detención de periodistas y dirigentes sociales– habían podido reunirse sin trabas con referentes políticos, sociales, religiosos y de medios de comunicación, quienes en aquel momento pudieron expresarse de manera libre y abierta. «Ello demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces», dijo.
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