El expresidente argentino Mauricio Macri y varios altos cargos durante su mandato han sido imputados por supuestamente enviar armas a Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
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Se trata de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del exministro de Defensa, Óscar Aguar, del exambajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector de la Gendarmería, Gerardo José Otero; el exdirector de Logística del cuerpo, Rubén Carlos Yavorski, y el exdirector de Operaciones, Carlos Miguel Recalde, según la prensa argentina.
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La investigación del fiscal Claudio Navas Rial arrancó después de que el Gobierno de Alberto Fernández interpusiera una demanda contra el exdirigente. Navas pide que se investigue si hubo «contrabando agravado». Por ahora se trata de un requerimiento de instrucción donde solicita información e informes al Gobierno de Macri y a Bolivia.
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Sin embargo, el fiscal rechaza lo solicitud del Gobierno de Alberto Fernández de exigir a Macri un informe de las llamadas entre él y los demás acusados.
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La denuncia se refiere al «envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».
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Fue presentada por la ministra de Seguridad de Argentina, Sabian Frederic, por su par de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y por la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont.
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El expresidente dijo estar «tranquilo» ante las acusaciones en su contra y seguro de su inocencia. La denuncia no es más que «un cuento, una operación, una mezcla de malicia y alucinaciones del kirchnerismo».
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Según la Cancillería boliviana del Gobierno de Luis Arce, el supuesto cargamento llevó a La Paz el 13 de noviembre de 2019, y contenía 40.000 cartuchos de balas de goma, cinco espráis de gas lacrimógeno, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
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El titular de Seguridad de Argentina, Martín Soria, señaló a raíz de la imputación que las autoridades bolivianas podrían solicitar la extradición de Macri y del resto de presuntos implicados en virtud de un tratado de cooperación entre ambas naciones. Sin embargo, deberá ser la Justicia quien llegue a ese extremo.
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