SANTIAGO (Declaración Pública) – La delegación chilena que participó de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia declara:
Que, nuestra visita se realizó entre el 3 y 12 de julio, junto a otros 40 comisionados de diferentes países.
En intensas jornadas de trabajo, escuchamos presentaciones sobre contextos nacionales y subregionales y denuncias de violaciones a los derechos humanos casos en 9 Departamentos de Colombia.
Recibimos información de primera mano de organizaciones locales y regionales, como comités de paro, grupos estudiantiles, colectivos de mujeres, y organizaciones de derechos humanos y sindicales. Las y los comisionados también entrevistamos a funcionarios públicos.
Constatamos que el paro, las protestas y las manifestaciones se han caracterizado por ser mayoritariamente pacíficas, masivas y multicolores, destacando en ellas la diversidad cultural identitaria de la ciudadanía colombiana, expresada a través de marchas, expresiones artísticas como murales, encuentros musicales callejeros, velatones y tomas de espacios públicos.
Como respuesta estatal, pudimos verificar que, en forma generalizada y sistemática, obedeciendo a patrones de conducta comunes en todo el territorio nacional, se recurrió al uso de la violencia desproporcionada contra toda expresión de protesta social y abuso de las medidas sanitarias y decretos de toque de queda para restringir la libertad de reunión y de circulación.
La violencia denunciada incluía desde asesinatos, desapariciones, mutilaciones, agresiones con elementos antidisturbios, seguimientos y hostigamientos a dirigentes sociales y manifestantes, persecuciones, retenciones ilegales, violencia física de las y los detenidos en las comisarías, agresiones sexuales en las calles, amenazas verbales, la infiltración en los espacios universitarios, la violencia basada en género dirigida a castigar e inhibir la participación de las mujeres, entre otros.
Que los responsables directos de los actos denunciados son las policías militarizadas, las fuerzas paramilitares y otros agentes del estado junto a civiles no identificados.
Documentamos aproximadamente 180 denuncias que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos asociadas a la protesta social.
Pudimos recoger las experiencias y percepciones de una amplia gama de la población, especialmente de los sectores más vulnerados por las múltiples violencias, tanto las específicas en el contexto de la respuesta estatal al paro nacional, como las violencias estructurales e históricas que han caracterizado a cada región y el país. Entre éstas, las desigualdades económicas, el hambre, la falta de oportunidades para los jóvenes, en su mayoría afrocolombianos.
El control político en cada región lo detentan unas pocas familias poderosas dueñas de la mayor parte del capital a través de bancos, empresas y negocios, quienes tienen la hegemonía en términos de influencia política y contribuyen con el trabajo precarizado a que se las desigualdades económicas se mantengan y profundicen.
Al tenor de lo observado, declaramos que Colombia atraviesa por una grave crisis humanitaria y requiere en forma urgente un pronunciamiento del Estado chileno, como parte de la comunidad internacional, condenando los hechos de violencia hacia el pueblo colombiano y llamando a garantizar el derecho a la protesta social.
Manifestamos nuestra preocupación por los nuevos hostigamientos, amenazas de inmovilización y empadronamiento de vehículos que van en Caravana desde diversos territorios de Colombia hacia la ciudad de Cali para participar en la Segunda Asamblea Nacional Popular que se encuentra convocada para los próximos días.
Exigimos al gobierno colombiano garantías efectivas que aseguren el derecho a protesta y de reunión.
Asimismo, requerimos en forma urgente del pronunciamiento del Estado chileno, en tanto garante del proceso de Paz firmado hace 5 años y como parte también de la comunidad internacional, para que exija al gobierno de Duque el alto a la represión y garantice al pueblo colombiano el derecho a la protesta social. Las autoridades chilenas, las instancias parlamentarias y constituyentes, los organismos internacionales defensores de los derechos humanos deben expresar su condena a las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia
SOS COLOMBIA
- Mariella Santana Machuca. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
- Andrés Vera Quiroz. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
- Karinna Fernández Neira, Forest Peoples Programme, UK)
- Juanita Aguilera Jaramillo, Comisión Ética Contra la Tortura
- Matías Vallejos Gessell, Los Ojos Chile.
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