Diputado Berger (exRN) pide que cobro de las multas a infractores sanitarios sea por retención tributaria

VALPARAÍSO – Generar un retorno más expedito de recursos a través de retenciones tributarias a quienes han infringido las disposiciones sanitarias durante la pandemia, es a juicio del diputado Bernardo Berger una medida, además de justa, más efectiva para recuperar las debilitadas arcas fiscales.

Así lo sostuvo el legislador de ChileVamos durante la discusión esta semana en primer trámite del proyecto de ley, originado en mensaje del Ejecutivo,  que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas.

“Es un hecho que, pese a los esfuerzos de país, una parte de los chilenos no han respetado las medidas dispuestas por la autoridad para evitar contagios y muertes por covid-19. Al día de hoy, para ser más preciso, existen más de 290 mil sumarios sanitarios por infracción a las disposiciones vigentes, la mayoría de ellas aún en proceso de cobro”, sostuvo Berger.

En opinión del legislador, los procedimientos ejecutivos a través de la justicia ordinaria para perseguir el pago de la multa “son lentos y engorrosos y se sabe que si el ejecutado no cumple, hay que pasar a embargar bienes u otros activos, lo que complica aún más la situación”.

En tal sentido, la modificación propuesta en el proyecto, al dar competencia a la Tesorería General de la República para que ésta pueda cobrar estas multas a partir de las retenciones tributarias de los infractores “parece una medida justa y expedita para compeler al pago de las multas; lo que sin duda, llevará a que los ciudadanos acaten y cumplan las medidas sanitarias que se imponen en beneficio de la salud de todos”.

“Además -precisó Berger-, considerando lo debilitadas que están las finanzas fiscales, es que me parece también apropiado que los ingresos que provengan del pago de estas multas vayan a las arcas fiscales generales, en lugar de ir en beneficio de la autoridad sanitaria solamente”.


Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.