El poder financiero mundial ha desplegado sus recursos económicos, políticos y mediáticos para evitar intentos de retorno de gobiernos democratizadores en América Latina.
Agobiadas por los efectos de la pandemia se encuentran las sociedades en América Latina aunque los Estados de la región sufren un duro doble golpe, el de los estallidos populares exigiendo reivindicaciones económicas, en salud, educación, equidad en el trato y mayor participación en las decisiones que los afectan y, los desafíos de la pandemia que los coloca ante el dilema entre las decisiones de salud científicamente correctas y las exigencias de un crecimiento económico y recaudación tributaria para enfrentar el mayor gasto tanto en salud como en beneficios sociales, para reducir el impacto de la crisis en los ingresos familiares.
Las protestas sociales representan años de generaciones que no solamente han sido abandonadas por el Estado, sino que vulneradas en sus derechos más básicos por este. La falta de oportunidades, la pobreza crónica, la desigual distribución de la riqueza, la escasa o nula protección de los más vulnerables, la apropiación de tierras en el caso de los pueblos originarios, y los desiguales tratamientos de la justicia a ricos y pobres, entre tantos otras causas del descontento popular han provocado sistemáticamente reclamos por un mejor Estado, los que han sido violentamente reprimidos en resguardo de los intereses de las clases económicas dominantes locales y los dueños del capital financiero esparcido en todo el mundo.
La región está atrapada entre la desigualdad y el bajo crecimiento según consigna un reciente informe del PNUD, siendo históricamente una zona con las más altas tasas de desigualdad del mundo, donde por ejemplo el quintil más rico de la población representa un 56% de los ingresos, brecha que ha aumentado con la pandemia COVID-19, cuando 22 millones de personas han caído por debajo de la línea de la pobreza, regresando a los niveles de 2008. La violencia persistente en la región está relacionada con la desigualdad y también con el crecimiento, toda vez que las protestas se manifiestan ante la concentración de la riqueza y el poder que distorsionan las políticas públicas que perpetúan los patrones de desigualdad y obstruyen la productividad, incrementando en ciclo vicioso la indignación ciudadana.
Seguramente a nuestros lectores de naciones de Asia, África y Medio Oriente no les llamará la atención el panorama que exhibe Latinoamérica frente a los desequilibrios sociales, políticos y económicos que ellos padecen. Sin embargo, hay características que hacen especialmente digno de análisis a países de Latinoamérica y El Caribe, a diferencia por ejemplo de la llamada Primavera Árabe, en cuyo caso el poder colonial sionista utilizó a su subordinado gobierno de USA para empujar al poder a gobiernos reaccionarios como el caso del egipcio, divisiones como en Sudán y desestabilización de los estados como en el caso de Siria y Libia.
Mientras tanto, en ALC los casos emblemáticos más recientes de Colombia (1991), Ecuador(1998 y 2008) se han caracterizado por procesos constituyentes donde representantes de la ciudadanía han redactado nuevas constituciones políticas declarando a esos países como Estados Sociales de Derechos, protectores y garantizadores de los derechos de sus ciudadanos en su amplia diversidad. Este año ha sido el turno de Chile, que, tras un estallido social en octubre de 2019, el Congreso acordó por unanimidad una Convención Constituyente, donde en votación popular el 15 y 16 de mayo se eligieron 155 representantes de la ciudadanía, 17 de ellos pertenecientes a los pueblos originarios además con paridad de género- convirtiéndose así en un ejemplo a nivel mundial- convención que comenzará sus reuniones el 4 de julio para escribir la Nueva Constitución.
Lamentablemente en el caso de Ecuador el ex presidente Lenin Moreno obstruyó el proceso democratizador abierto por su antecesor Rafael Correa y, en el caso de Colombia, su actual presidente Iván Duque con un gobierno acusado de varios casos de corrupción, tampoco ha respetado aspectos de los acuerdos de paz firmados con las FARC-EP y ha reprimido violentamente el levantamiento social, con reiteradas violaciones a los derechos humanos como también ocurriera en Chile desde octubre de 2019.
El poder financiero mundial ha desplegado sus recursos económicos, políticos y sus de medios de comunicación para impedir los intentos de retorno de gobiernos democratizadores en AL como son los casos de Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia que finalmente se encarnara en Luis Arce, se trató de impedir el triunfo finalmente logrado por Pedro Castillo en Perú, y está atacando fieramente a los movimientos y partidos de izquierda en Chile en un intento de impedir su llegada al poder en las elecciones de noviembre próximo.
Lo que tiene en común la violencia estatal que ahoga los anhelos de los pueblos en ALC es el uso de armamento, técnicas de represión y el apoyo de asesores militares israelíes, como lo fuera en tiempos de las dictaduras de los 70 y 80, siendo hoy Israel uno de los principales proveedores de armamento y tecnología de seguridad, respaldado por su enorme capacidad financiera y su lobby político para comprar voluntades para abrir su letal mercado.
La ciudadanía en ALC desconfía del Estado y sus instituciones impregnadas por un neoliberalismo económico implacable, un Estado con insuficiente ejercicio de sus responsabilidades para impedir que las multinacionales y los grandes consorcios locales depreden los recursos naturales, afectando negativamente a las comunidades especialmente las indígenas. Contaminan el aire y se apropian del agua, emitiendo altísimos niveles de sustancias tóxicas especialmente en las así llamadas en Chile “zonas de sacrificio” donde se arrastran por años enfermedades crónicas entre la población.
Con el proceso constituyente en marcha, Chile tendrá que dar un ejemplo de expresión de la voluntad popular. Esperemos que, en el camino, los políticos capturados por los poderes fácticos no la sometan y el país sirva de referencia al resto de los pueblos oprimidos para levantar la esperanza en que unidos pueden trazar un camino hacia una vida más justa, alcanzar sociedades prósperas, sustentables y respetuosas del planeta Tierra.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Mikhael Marzuqa – Analista y escritor internacional. Director Ejecutivo del Observatorio Internacional de la Fundación para la Democracia (PPD).
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