SANTIAGO – A las comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto ya creadas, esta semana se sumaron las de derechos humanos, comunicaciones, participación y consulta indígena, participación popular y descentralización territorial. En UChile Constituyente abordamos el avance de este proceso que busca establecer la orgánica mediante la cual trabajarán los y las 155 constituyentes en la redacción de la nueva Constitución.
En esta tercera semana de trabajo de la Convención Constitucional, el foco y los esfuerzos se han puesto en la ejecución de las comisiones de trabajo interno que permitirán establecer un régimen de trabajo permanente, una vez que se comiencen a discutir los contenidos constitucionales. Esta tarea se ha centrado, en una primera etapa, en la definición de las comisiones, los plazos de trabajo y en cómo quedarán integradas. En UChile Constituyente abordamos el avance de este proceso.
Tres comisiones en marcha
Las comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto ya comenzaron sus funciones, trazándose como objetivo generar las “condiciones mínimas para el funcionamiento interno” de la Convención. Su composición fue definida mediante el método de patrocinios para la elección de sus integrantes: la de Reglamento quedó conformada por 31 convencionales, mientras que la de Ética y Presupuesto por 17. Se eligieron —también— a los coordinadores de cada una de ellas: por la Comisión de Reglamento, se eligió a la convencional Amaya Alvez y al convencional Daniel Bravo; la de Ética quedó a cargo de los convencionales María Elisa Quinteros y Marcos Barraza; mientras que en la de Presupuesto Gloria Alvarado y César Valenzuela fueron los seleccionados.
Las sesiones quedaron establecidas de lunes a jueves, de 15:30 a 18:30 horas, y los viernes, de 9:30 a 13:00 horas, y se realizarán de forma híbrida, tanto en modalidad presencial como telemática. Para funcionar, se requerirá un quorum mínimo del 50 por ciento de los integrantes. Los y las convencionales podrán hacer uso de la palabra por 3 minutos por cada punto existente en la tabla, y las votaciones se harán de forma electrónica, nominal o mediante cédula. También, se abrió un llamado para audiencias públicas orientado hacia organizaciones civiles, sociales, universitarias que quieran aportar al debate de las comisiones, plazo que venció este martes 27 de julio.
Uno de los temas de debate que quedó pendiente fue la posibilidad o no de abstención que tengan los y las convencionales, tanto para las votaciones en las comisiones como en el pleno. El tema generó visiones contrapuestas desde diferentes sectores: unos defendían la libertad de cada integrante para no pronunciarse sobre un tema en el que no se está de acuerdo; mientras que otros difieren de dicha alternativa —que actualmente se ocupa en ambas cámaras del Congreso— argumentando que eso puede alterar los resultados, tomando en consideración el quorum de 2/3 que quedó definido en la reforma constitucional de 2019.
Nuevas comisiones temáticas
Una vez zanjado el tema de las comisiones de orden interno, durante la semana pasada se produjo un intenso debate sobre la necesidad de ampliar el número de comisiones, con el objetivo de abordar otras temáticas como: derechos humanos o participación ciudadana. Las mayores diferencias se concentraron sobre la primera, entre quienes sostenían que tratar la problemática de los derechos humanos y el estallido social no se encontraba dentro de las discusiones que se debían tener, al menos durante esta primera etapa, en donde se tenían que resolver asuntos de funcionamiento orgánico, y quienes impulsaban dicha comisión. En sectores de La Lista del Pueblo y Apruebo Dignidad, principalmente, consideraban que era un tema urgente de tratar, independiente que más adelante se revise dicho asunto cuando se discutan los contenidos constitucionales.
Finalmente, el pleno terminó por aprobar cinco comisiones más, incluyendo una sobre Derechos Humanos y Verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición, que estará integrada por 19 convencionales, quienes tendrán como objetivo establecer una definición respecto a lo que se entiende por derechos humanos acorde a los estándares de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y de la naturaleza.
Asimismo, se aprobó la creación de cuatro nuevas instancias:
- Comunicaciones e informaciones, integrada por 17 convencionales, que deberá velar por el acceso a la información y a la transparencia de la Convención.
- Participación y Consulta Indígena, conformada por 17 integrantes que resguardará que cada decisión adoptada por el reglamento cuente con mecanismos pertinentes de consulta y participación de los pueblos originarios.
- Participación Popular y Equidad Territorial, con 31 integrantes, que tendrá como objetivo establecer los mecanismos de participación ciudadana durante el proceso constituyente.
- Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, compuesta por 17 miembros, quienes deberán garantizar que el proceso constituyente cuente con las regiones como un elemento central.
Todas las comisiones tendrán un plazo de 30 días para evacuar un informe que será discutido por el pleno, y contará con audiencias públicas para la intervención de otros actores sociales. Con esto, la Convención Constitucional trabajará en una primera etapa con ocho comisiones, las que esta semana ya comenzaron a discutir los temas específicos para las que fueron creadas.
