SANTIAGO – Durante la mañana de este lunes, el Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT presentó en la Subcomisión DDHH de Marco General DD.HH, Ambientales y de la Naturaleza de la Convención Constitucional, a través de la exposición de sus integrantes Catalina Arroyo y Francisca Fernández, además de la participación Lucio Cuenca y Karen Ardiles del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA.
La motivación del movimiento socioambiental de participar en una audiencia pública de este tipo, se fundamenta en la necesidad urgente de protección de los Derechos Humanos de las y los defensores de las aguas y los territorios y del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. En especial del agua, en el marco de una crisis ecológica e hídrica generalizada producto de la intensificación de los extractivismos tales como las actividades de la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal, entre otras, en el marco de vulneración sistemática a los derechos humanos y derechos de la naturaleza.
En esta ocasión se expuso respecto de la actual crisis ecológica y social, la cual se agrava ante la privatización de la naturaleza y los TLC, por ello urge una transición post-extractivista desde la defensa de los derechos de la naturaleza, entendiendo que, como señaló Francisca Fernández “somos naturaleza, somos cuerpos de agua, somos organismos interdependientes, y es por ello que toda defensa a los derechos humanos es a su vez defensa de la naturaleza y viceversa”.
Se expuso sobre la consagración de la protección de los ecosistemas y de una justicia ecológica restaurativa, uno de los ejes propuestos por el MAT, lo que implica recuperar, restaurar y regenerar los ecosistemas a través de la reparación integral de territorios en sacrificio y del establecimiento de mecanismos de transparencia e información ante la instalación de proyectos extractivistas.
La consagración del agua como derecho humano y de la naturaleza, demanda histórica del MAT y otro de los puntos señalados en la exposición, requiere de la derogación Código de Aguas y el reconocimiento del agua como bien común natural inapropiable mediante su gestión comunitaria plurinacional por cuenca y sub-cuenca, desde la autodeterminación, soberanía alimentaria y energética de los pueblos, y la consolidación de las economías territoriales.
Para finalizar se hizo referencia de la situación de las y los defensores de las aguas y los territorios, expuestos a la criminalización, persecución y muerte, siendo fundamental justicia, reparación y no repetición de casos como el feminicidio empresarial de Macarena Valdés y el asesinato de Emilia “Bau” Herrera Obrecht. Al respecto Catalina Arroyo planteó que “existe en Chile una total desprotección a quienes somos defensores de los bienes comunes, se asedia e incluso se asesina a compañeres, compañeros y compañeras, esto ideado por los grandes capitales y sus intereses particulares en complicidad con policías y justicia”.
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