SANTIAGO – El Consejo de Defensa del Estado, representado por el Abogado Procurador Fiscal de San Miguel, Marcelo Chandía, y los litigantes Cristián Ramírez y Carlos López, dio inicio a su participación en el juicio oral que se sigue contra el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por delitos de revelación de secreto cometidos en su calidad de funcionario público, por los cuales el CDE interpuso querella criminal en su contra en julio de 2019.
En el alegato de apertura, efectuado por el abogado Cristián Ramirez, el Consejo sostuvo que los hechos que se imputan se refieren a dos tipos de revelación de secretos del artículo 246 del Código Penal, que sanciona al empleado público que revele los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregue indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Dicho delito, señaló el CDE, que de acuerdo con la indagatoria penal habría cometido el acusado al proporcionar a familiares información reservada contenida en dos fichas del “Sistema de Apoyo a la Operación del Ministerio Público”, SAO, atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos, como son la intimidad, la privacidad de las personas y la confianza pública, respecto del resguardo del secreto por parte de los funcionarios que acceden a ellos, confianza que, en este caso, fue transgredida.
El Consejo interviene en el juicio conforme lo dispone su Ley Orgánica, al tratarse de dos delitos cometidos por el imputado en su calidad de funcionario público, precisamente, mientras detentaba el cargo de máxima autoridad del Ministerio Público a nivel regional, como Fiscal Regional de O’Higgins.
Durante el desarrollo del proceso se presentó una querella de capítulos y una acusación particular al existir mérito para ello, hubo diversos pronunciamientos de los tribunales superiores de Justicia y es el juicio oral la instancia en donde corresponde acreditar los delitos objeto de la acusación. Conforme con ello, el CDE –en su alegato de apertura– solicitó al tribunal la imposición de pena de dos años de suspensión del empleo público en su grado medio, en conjunto con una multa de diez UTM y su condena en costas.
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