SANTIAGO – Una querella por el delito de femicidio calificado en grado de frustrado en concurso con el de lesiones graves fue presentada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago a raíz del ataque transfóbico que sufrió Alejandra Soto Castillo, presidenta del Sindicato Independientes de Trabajadoras Sexuales, Transgéneros y Travestis Amanda Jofré.
La acción judicial que cuenta con el patrocinio de CODEPU solicita se condene al máximo de las penas estipuladas a todos quienes resulten responsables ya sea como autores, cómplices y/o encubridores del brutal ataque transfóbico.
La agresión ocurrió en la comuna de Independencia, el 9 de octubre recién pasado y se inició como un asalto que escaló a crimen de odio transfóbico en cuanto los agresores se percataron que su víctima era una persona transgénero, motivo por el cual la rociaron bencina sobre el torso, la apuñalaron en su muñeca y prendieron fuego a su cuerpo.
Mariela Santana, abogada de CODEPU, “la agresión está motivado por la identidad de género de la víctima, y tiene la circunstancia agravante de ser un crimen de odio con particulares muestras de crueldad y, una vez más se visibiliza la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y de las disidencias sexuales cuyos derechos humanos están sometidos a permanente agresión”. Confiamos -añadió la abogada- que las herramientas que otorga la Ley Zamudio puedan avanzar a la no discriminación que es un elemento esencial para la construcción de una sociedad con respeto a la dignidad humana.
La querella hace referencia a la llamada Ley Zamudio, que tiene por objetivo restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria y también a la Carta Global LGBTI, que si bien no ha sido elevada a rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos, constituyen principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. Como asimismo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José que establece que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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