LA PAZ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció que presentó una denuncia penal contra la Iglesia Católica por trata de personas, entre otros delitos, en un nuevo giro del caso de una niña violada que desistió de someterse a un aborto por recomendación eclesiástica.
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«Ya se está presentando la denuncia penal en Santa Cruz [este] por delitos de incumplimiento, desobediencia a sentencia constitucional, trata de personas con fines de embarazo forzado, entre otros delitos», dijo en rueda de prensa la defensora Nadia Cruz.
Al mismo tiempo, se activaron otros recursos para ordenar a los servicios médicos que reanuden el procedimiento de interrupción legal del embarazo, que ya estaba en curso en un hospital cruceño cuando la Iglesia logró el desistimiento de la menor y su madre y las llevó a un centro de acogida, indicó Cruz.
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La defensora añadió que la acusación apunta también a funcionarios de un servicio municipal de defensa de la niñez, médicos y otras personas que presuntamente intervinieron en el caso de la menor de 11 años, agredida sexualmente por el padre de su padrastro, según su propio testimonio.
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En la calle
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El caso, que reavivó el debate sobre la despenalización del aborto, derivó en la noche del 27 de octubre en una ruidosa protesta de decenas de mujeres ante las oficinas de la Conferencia Episcopal, en La Paz, en la cual participó la misma defensora del Pueblo.
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«Estamos agotando las vías institucionales y creemos que ya es momento de acudir al activismo; por la impotencia que sentimos, por la situación en que estamos en este caso, hemos decidido actuar también en las calles», justificó Cruz.
Señaló que la Defensoría se sentía alentada por el aparente rechazo generalizado de la ciudadanía a la «presión en grado descarado» que habría hecho la iglesia sobre la niña con de 20 semanas de gestación y su madre, para que desistan del aborto, que según la ley boliviana no está penalizado cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
La Conferencia Episcopal, en cambio, sostuvo en que el aborto en Bolivia no está despenalizado totalmente e insistió en su postura de tratar de salvar tanto la vida de la niña como la del ser que lleva en su vientre.
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En la polémica intervino también la representación en Bolivia del sistema de Naciones Unidas, que señaló en un comunicado que los embarazos forzados por violación son «manifestaciones extremas de violencia de género que se constituyen en actos de tortura».
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El organismo añadió que las mujeres, incluso niñas, debían tener garantías para tomar decisiones sin ningún tipo de presión, ni siquiera religiosa.
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Cruz dijo que además de la denuncia penal, la Defensoría ha interpuesto un recurso ante la justicia local para que ordene el retiro de la menor de la casa eclesiástica de acogida y se reanude el proceso de aborto.
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La Defensoría solicitó también una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado boliviano actuar con celeridad en defensa de la vida y el bienestar físico y psicológico de la niña, concluyó.