«Es incomprensible que Chile, uno de los promotores del TPP-11, no haya podido ratificarlo aún», dijo ofuscado el presidente, Sebastián Piñera, a comienzos de octubre en un encuentro con los principales empresarios del sector agrícola del país.
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Quedan menos de cinco meses para que termine su mandato, pero Piñera no quiere dejar el cargo sin que el Congreso Nacional ratifique el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés CPTPP o también TPP-11, que además lleva el número de países que lo suscribieron: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
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De hecho, de manera inédita en su Gobierno, el presidente usó su facultad «suma urgencia» un total de ocho veces para apurar los plazos de la votación en el parlamento y ocupó cada plataforma disponible para argumentar sobre los beneficios comerciales que significará para el país la adhesión al tratado.
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Sin embargo, pasaron cuatro años desde que este acuerdo se comenzó a discutir en el Congreso y su texto cada vez ha ido sumando más detractores, principalmente en la oposición política y distintas organizaciones sociales.
Que generará un detrimento en la soberanía nacional, que facilita monopolios empresariales y que privatizará las semillas campesinas son algunos de los argumentos que enarbolan quienes están contra la iniciativa y que han conseguido frenar la ratificación en Chile de uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos del último tiempo.
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Del amor al odio, un paso
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En 2016, doce países del mundo redactaron el Acuerdo Transpacífico para eliminar barreras comerciales y establecer un marco común de propiedad intelectual, además de establecer múltiples estándares en materia empresarial, derecho del trabajo, derecho ambiental, entre otros.
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De manera sorpresiva en 2017, el recién asumido presidente Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del pacto y todos los ánimos decayeron, pues la potencia era considerada el pilar fundamental del acuerdo.
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En ese escenario, la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) tomó un protagonismo fundamental e impulsó una campaña para que los once países restantes siguieran con la firma del acuerdo a pesar de la retirada de la nación norteamericana.
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La gestión fue fructífera y en marzo de 2018, precisamente en una ceremonia realizada en Santiago de Chile, la mandataria puso su rúbrica junto a los representantes de las demás naciones, y nació el TPP-11.
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La diligencia de Bachelet fue celebrada por moros y cristianos en la política nacional. La ratificación del acuerdo avanzó rápido en la Cámara de Diputados con votos de la derecha y la izquierda, y pasó enseguida al Senado. Pero en octubre de 2019, Chile cambió. Las protestas del estallido social produjeron metamorfosis políticas, económicas y sociales profundas y uno de los procesos que entró en cuestionamiento fue precisamente este pacto, quedando entrampado en la cámara alta hasta la fecha.
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Soberanía en juego
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Lucía Sepúlveda es vocera de Chile Mejor Sin TLC, organización ciudadana que lidera la resistencia contra la ratificación del TPP-11. En conversación con la Sputnik, la activista aseguró que muchas de las disposiciones del documento imponen obligaciones que agreden gravemente la soberanía nacional.
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«El tratado incluye un sistema de resolución de controversias entre inversores extranjeros y estados que permite, por ejemplo, que una empresa de uno de los países firmantes demande a Chile ante tribunales internacionales si considera que una ley o una política pública afecta sus expectativas de ganancia», explicó.
Además, señaló que el acuerdo obliga a los países a crear leyes o modificar su ordenamiento jurídico para incrementar el comercio de mercancías y la inversión extranjera, arriesgando sanciones y juicios internacionales si se resiste. «Este es uno de los aspectos más delicados porque los inversores no necesitarán pasar por los tribunales chilenos, sino que podrán ir directamente a instancias extranjeras», agregó.
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Otra de las trabas tiene relación con el proceso constituyente que está llevando adelante la Convención Constitucional en Chile desde julio de este año, ya que una de las reglas de la asamblea es que la nueva carta magna debe respetar todos los tratados internacionales ratificados por el país.
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Los detractores del TPP-11 alegan que la ratificación del pacto en medio del proceso constituyente podría enredar y condicionar el debate. «Hemos conversado con varios constituyentes y están en la misma línea de nosotros, que este tratado afectará la soberanía nacional», afirmó.
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Chile Mejor Sin TLC publicó un decálogo con 18 argumentos contra el TPP-11, entre ellos, aseguran que: restringe derechos laborales como la huelga o la jubilación; facilita el monopolio de empresas farmacéuticas; deja abierta la puerta a la privatización de semillas campesinas; dificulta la prohibición de cultivos transgénicos y el uso de plaguicidas y afecta derechos territoriales de pueblos indígenas.
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Los países del TPP-11 poseen un mercado de 500 millones de personas y engloban el 13% del Producto Interno Bruto mundial. Actualmente, China y el Reino Unido se encuentran negociando para ingresar al acuerdo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Francisco Bravo Atias– Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.
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