SANTIAGO — Un total de 118.258 habitantes de la región de La Araucanía, en el sur de Chile, votaron el pasado fin de semana a favor de extender el estado de emergencia decretado en la zona por el presidente Sebastián Piñera hace un mes.
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Por Francisco Bravo Atias
Periodista
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La consulta organizada por el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (independiente, cercano a la derecha), en la que un 81% se inclinó por prorrogar la medida y un 18% por finalizarla, no era vinculante y no tuvo ningún efecto formal. Pero sí sumó una presión extra al Congreso legislativo, encargado de definir si acepta o rechaza la solicitud del mandatario de extender la restricción constitucional por otros 15 días.
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Hasta antes de la consulta, las apuestas indicaban que habría un rechazo en bloque de los sectores de izquierda y centroizquierda de la oposición en la Cámara pero ahora no existe certeza sobre lo que sucederá.
Son varios los antecedentes que los 155 diputados deberán sopesar antes de presionar el botón de apruebo o de rechazo. El primero de ellos es la violencia registrada en la zona en la última década a través de atentados incendiarios que se hicieron más recurrentes desde las protestas del estallido social de 2019.
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Emergencia
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Incendio a predios agrícolas, maquinaria forestal, iglesias, camiones y robo de madera son algunos de los delitos que más se repiten en las regiones de La Araucanía y Biobío. Por esta razón el mandatario decidió el 12 de octubre imponer el estado de excepción constitucional de emergencia, que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas para trabajar en conjunto con la policía.
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El segundo antecedente son las muertes de comuneros mapuche. En 2018 Piñera envió a La Araucanía al grupo especializado de Carabineros (policía militarizada) «Comando Jungla», denominado así por su entrenamiento en la selva de Colombia. Ese operativo terminó con el asesinato del comunero Camilo Catrillanca, un líder indígena que se encontraba reunido con sus familiares y que fue ejecutado por policías que lo vincularon erróneamente con un delincuente, lo que significó un terremoto político para el Gobierno.
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El 3 de noviembre de este año, a tres semanas del decreto de estado de emergencia, funcionarios de la Armada iniciaron una balacera con un grupo armado en un incidente que terminó con un comunero mapuche fallecido en la comuna de Cañete (sur). Aún se investiga si la víctima tenía alguna relación con el incidente o si su muerte responde a alguna imprudencia de los marinos.
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Un tercer antecedente es que la semana pasada la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación por la militarización del sur de Chile y pidió a las autoridades realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz en la muerte del comunero muerto.
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El último punto a considerar, pero no por eso menos importante, es que el 21 de noviembre son las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Muchos de los diputados que deben votar la medida competirán por su reelección en dos semanas y saben que los araucaninos estarán pendientes de la decisión que tomen.
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Reacciones
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En la consulta del fin de semana votaron 144.994 habitantes de La Araucanía. Un 81,56% se manifestó a favor de extender la medida (118.258 votos) y un 18,36 por ciento pidió finalizarla (26.655 votos).
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Algunos de los aspectos formales de la votación recibieron críticas, como por ejemplo que la única manera de votar fuera por internet. O que sólo participó un 16% del padrón total de los ciudadanos de la región.
«Una consulta con un 16% de participación en la región con más pobreza y menos acceso a internet fijo de Chile no alcanza a legitimar una ocupación militar que solo incrementa la violencia. Una estrategia usada por siglos que nunca ha funcionado no es la solución», tuiteó el líder del Partido Comunista (izquierda), Daniel Jadue.
Aucán Huilcamán, vocero de la organización mapuche Consejo de Todas Las Tierras, aseguró en conferencia de prensa que la consulta significó un acto de odio racial y discriminación del Gobierno contra el pueblo indígena. Asimismo, anunció que concurrirá a la Justicia para solicitar que el resultado de la encuesta sea declarada nula.
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Desde la derecha, líderes y parlamentarios se han manifestado en línea con el Gobierno y varios ya anunciaron que votarán a favor de la extensión. El gobernador Rivas afirmó en conferencia de prensa que el estado de emergencia ha generado «solamente efectos positivos».
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«Se logró reducir en un 48% los atentados incendiarios en la zona y en un 65% los hechos de violencia», sostuvo.
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El candidato presidencial del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, valoró el resultado de la consulta y comentó al medio Tele13 que «quedó de manifiesto que hay ciudadanos que buscan certeza y creen que el estado de emergencia es bueno. El fuego está desatado y hay que apagarlo».
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La Cámara de Diputados deberá revisar y votar a más tardar esta semana la solicitud del Gobierno de extender el estado de emergencia, lo que será una tarea particularmente difícil pues también se está discutiendo en paralelo una acusación constitucional contra Piñera por sus supuestos negocios en paraísos fiscales revelados por los Pandora Papers.
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