En 2006 se implementó en Chile el Crédito con Aval del Estado (CAE) para que los bancos financiaran la educación universitaria a jóvenes de pocos recursos. 15 años después, los altos intereses han dejado a más de un millón de endeudados. La diputada Camila Rojas, quien ha liderado la lucha por la condonación de la deuda, habló del tema.
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Alexis Polo González
Periodista
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«Quisiera poder decir con mucha tranquilidad de conciencia que cumplí la promesa que hice, que al término de mi Gobierno no iban a haber jóvenes capaces que no puedan participar de la universidad por falta de recursos». Con esas palabras, el expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) anunciaba el CAE en 2006.
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El CAE es una alternativa de financiamiento para estudiantes que iniciarán o continuarán una carrera de pregrado en instituciones acreditadas que formen parte del Sistema de Crédito para Estudios Superiores y que cumplen los requisitos establecidos por ley.
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Tras la implementación del CAE, el ingreso de estudiantes a la educación superior aumentó notoriamente. En el 2005 la matrícula total era de 663.679 alumnos, en el 2020 alcanzó 1.221.017. Al mismo tiempo que creció la matrícula, también lo hicieron los deudores educacionales.
La diputada del Partido Comunes Camila Rojas, quien recientemente fue reelecta para otro periodo parlamentario, señaló a Sputnik que «estamos por poner fin a estos créditos y crear un nuevo sistema transitorio hasta que se alcance la gratuidad universal, un sistema que sea público, solidario, sin intereses, sin participación de los bancos y por lo tanto que no reproduzca los abusos que han tenido que vivir los deudores educacionales».
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La parlamentaria asumió un compromiso público para poner fin a las deudas educativas y ha liderado a la oposición en el Parlamento para avanzar en reformas constitucionales hacia una educación pública. Rojas fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la principal organización estudiantil universitaria del país, la Confederación de Estudiantes de Chile durante el 2016.
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© Foto : Gentileza Camila Rojas
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Rojas explica a Sputnik que la oposición al Gobierno de Piñera presentó un proyecto para despenalizar las penas y sanciones sobre las personas que tienen deudas educativas. Este fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se encuentra frenado en el Senado.
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La diputada comenta que como parlamentarios no pueden presentar un proyecto de condonación, pero sí despenalizar las penas y sanciones. Durante el 2019 se constató un total de 248.699 de estudiantes morosos, de los cuales el 76% corresponde a quienes nunca terminaron su carrera y tienen una deuda de 4,5 millones de pesos en promedio (5.535 dólares).
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El negocio de la banca en la educación
De acuerdo al último estudio de la Fundación Sol, el CAE sigue arrojando cifras que exponen el negocio detrás de este modelo de financiamiento estudiantil. De acuerdo a la actualización del estudio «Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE«, la Fundación Sol reveló que entre 2006 y 2020, el Fisco ha recomprado a la banca un 56,4 % de los créditos con un sobreprecio de 24,7%.
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Los bancos acumulan millones y millones de pesos gracias a la «recarga», un ítem poco conocido del CAE y que consiste en que los bancos presten dinero a los estudiantes a cambio de que luego el Fisco compre algunos de esos créditos.
«Actualmente el Estado ya ha recomprado la mitad de los créditos cursados. El Fisco ha gastado mucho dinero en el crédito y, según nuestro análisis, condenarlo ahora es mejor, porque seguir recomprando y gastando cuantiosos recursos en lo que tiene que ver con los créditos a través del presupuesto de la Nación», comentó Rojas.
El expresidente Ricardo Lagos, en una entrevista realizada el 2018, indicó que la implementación de dicho sistema no le correspondió a su gobierno sino al de su sucesora, la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018).
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«¿Quién fijaba la tasa de interés? ¿Los bancos? No, no. La tasa de interés la fijaba una comisión que se llamaba Ingresa, integrada por el ministro de Educación, el director de Presupuestos, superintendente de instituciones financieras y tesorero general de la República, o sea cuatro personas salvo el rector, que eran todos dependientes del Gobierno», agregó.
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Lagos, que durante su mandato fijó para el CAE un interés de 5,6%, fue empático con los estudiantes: «Entiendo la molestia. Si hubiera sido estudiante, hubiera salido también a la calle a protestar», sentenció.
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Una reforma constitucional y la promesa de Gabriel Boric
La diputada comenta que la oposición parlamentaria presentó una reforma constitucional, que aún no se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara, para que el presidente de la República presente un proyecto de condonación de la deuda.
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Además, Rojas señala que tomaron esos caminos, de presentar reformas, para visibilizar el tema.
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El programa de gobierno de Gabriel Boric señala la condonación del CAE y todas las deudas educativas. Desde su comando aseguraron que esta medida será «universal» y se prevé que «el Estado absorba la deuda». «Entendemos que la condonación universal de las deudas estudiantiles es una herramienta clave para reconstruir nuestra convivencia y, además, es lo que corresponde», señalaron en un programa radial.
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La diputada Camila Rojas señala que ella asumió el compromiso para poner fin a las deudas educacionales. «En ese sentido, estoy muy contenta por lo que se ha establecido en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, en la candidatura presidencial de Gabriel Boric en donde se establece la condonación universal de las deudas estudiantiles», agregó.
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Rojas además añade que en el programa de Boric se «plantea que el endeudamiento estudiantil lo que hizo fue profundizar la mercantilización de la educación, la privatización de la educación superior, se instala la idea de que esto es una mochila bien pesada para los deudores y deudoras, que además es una carga muy importante para el fisco».
Con respecto a cómo se llevaría a cabo la condonación, Rojas plantea que sería «por un esquema de pago a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad la soportan las instituciones financieras y no las personas endeudadas. Es decir, para las personas endeudadas de inmediato, pero para los bancos es gradual».
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