Mientras Colombia celebraba cinco años desde la firma de los acuerdos de paz de las FARC, los exguerrilleros y sus familias fueron desplazados de sus hogares en Meta debido a graves riesgos de seguridad.

Por Sara Garcia
Socio Informativo – InSight Crime

El 24 de noviembre, representantes de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), remitieron una carta al presidente Iván Duque en la que pidieron ser trasladados del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Urías Rondón de La Macarena, departamento de Meta, por razones de seguridad.

El 18 de noviembre, cinco camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), designadas para la seguridad del AETCR y los desmovilizados, fueron incineradas aparentemente por miembros de la disidencia Jorge Briceño de lo que InSight Crime ha llamado ex – FARC mafia. Además de esto, los escoltas designados para la seguridad de los excombatientes fueron despojados de sus armas y equipos de comunicación.

Los excombatientes denunciaron el desplazamiento masivo de 106 familias, 64 menores de edad, además de personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, el defensor del pueblo del departamento de Meta, Jhorman Saldaña, explicó al medio La FM que los excombatientes no han podido salir del territorio pues no tienen un lugar al que llegar.

En las redes sociales del AETCR se publicó una fotografía del espacio visiblemente despoblado con un mensaje “El inminente riesgo nos obliga a dejarlo todo, lo único que hemos hecho es cumplir lo firmado; así está el AETCR encierro-zozobra-miedo, al gobierno exigimos garantías cúmplanos que todo no sea papelería y trámite».

Según fuentes en la zona citadas por El Tiempo, los excombatientes han solicitado desde tiempo atrás el traslado del espacio de reincorporación al departamento vecino de Caquetá.

En 2020, más de 200 hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz, al igual que sus familias, debieron abandonar el ETCR Román Ruíz en Ituango, Antioquia por amenazas contra su vida. Para aquel entonces, 12 excombatientes habían sido asesinados dentro del espacio de reincorporación.

Análisis de InSight Crime

Los excombatientes continúan entre la espada y la pared.

Los excombatientes en Meta han sido asesinados y victimizados repetidamente. En octubre de 2020, Juan de Jesús Monroy Ayala, desmovilizado, y su guardaespaldas fueron asesinados a tiros en La Uribe, Meta. Los dos hombres habían trabajado para ayudar en el proceso de reintegración.

A mediados de 2020, 20 excombatientes abandonaron su lugar de reincorporación en Uribe, Meta, por las constantes amenazas de los grupos criminales. En 2017, habían llegado del departamento de Cauca escapando de las difíciles condiciones de seguridad.

Desde 2018, una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo denunciaba el riesgo de reclutamiento para los excombatientes del departamento del Meta ante la presencia de las disidencias Jorge Briceño y del Frente Primero, ambos cercanos a Miguel Botache Santillana, alias «Gentil Duarte«. Desde entonces, otros grupos disidentes como la Segunda Marquetalia han ingresado al territorio, reclutando y ejerciendo presión sobre los excombatientes que buscan continuar con su proceso de reincorporación.

“Una vez más denunciamos que no es posible una reincorporación sin garantías de seguridad, acceso a la propiedad de la tierra, vivienda y proyectos productivos sostenibles, que permitan el goce efectivo de los derechos fundamentales”, se lee en comunicado del AETCR Urías Rondón publicado el 19 de noviembre.

En entrevista con InSight Crime, Leonardo González y Juana Cabezas, del instituto de estudios para el desarrollo y paz (Indepaz), explicaron que la compleja situación de seguridad en Meta parece responder a intereses de control territorial por parte de los diferentes grupos disidentes que hacen presencia en la zona. Allí confluyen zonas de retaguardia, rutas claves para el narcotráfico, y acceso a otras rentas asociadas a la ganadería y la tierra.

La presión asociada al reclutamiento continúa vigente, pero más allá de esto, la presencia de excombatientes que llevan a cabo su proceso de reincorporación parece ir en contravía de las proyecciones territoriales de los grupos disidentes, señalaron los investigadores.

En noviembre de 2020, InSight Crime llevó a cabo una investigación que mostraba cómo el número de excombatientes estaba disminuyendo en los campamentos de toda Colombia.