SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el Gobierno de EEUU quiere una relación de sometimiento absoluto en vez de amistad, tras una reciente sanción de Washington contra Carolina Recibos, jefa del Gabinete del país latinoamericano.
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«Está claro que el Gobierno de EEUU no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada. Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador. Tal vez lo que les interesa es detener el ‘mal ejemplo'», tuiteó Bukele.
Esta claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza.
Es sometimiento absoluto, o nada.
Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias.
No sabía que les interesara tanto El Salvador.
Tal vez lo que les interesa, es detener el “mal ejemplo”.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 9, 2021
Recibos fue sancionada en el marco de la Ley Magnitski, aplicada en casos de presunta corrupción, apenas un día después de la designación del viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
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«Está claro que los intereses del Gobierno de EEUU no tienen nada que ver con la democracia, en ningún país. Da risa que haya personas que piensen que es así», escribió Bukele en su cuenta de Twitter el 8 de diciembre en la noche, tras una serie de mensajes sobre las posibles causas de la reciente salida de la encargada de negocios de Washington en este país, Jean Manes.
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Rencinos, comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), por su presunto liderazgo en un esquema para desfalcar fondos públicos destinados a combatir la pandemia de COVID-19.
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Como resultado de esta designación, todas las propiedades e intereses de la persona sancionada en EEUU son bloqueadas y deben ser reportadas ante la OFAC.
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Las sanciones invocan la Ley Global Magnitski de Responsabilidad de los Derechos Humanos, aprobada en EEUU en 2012 y que persigue unilateralmente a ciudadanos extranjeros acusados de supuestos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y fue dirigida inicialmente contra el Gobierno de la Federación de Rusia, después de la muerte del ciudadano Serguéi Magnitski, ocurrida en 2009.