El levantamiento social más importante en los treinta años de democracia post dictatorial, al que el Presidente Piñera atendió con negacionismo, innovación en violaciones sistemáticas a derechos humanos, y extensa restricción a las libertades personales en nombre del orden público y la seguridad social, derivó en el establecimiento de la convención constitucional, actualmente, desempeñando funciones para la redacción de una nueva carta magna que aspira a refundar el proyecto país.
Téngase presente que en Chile se impuso el régimen de Gobierno vigente. En rigor, interrumpió el programa en ejercicio del presidente electo, mediante el exterminio de sus adherentes; luego, incorpora el modelo económico sugerido por los financistas del pronunciamiento militar y lo cristaliza en la Constitución de 1980.
La importancia de este fenómeno es crucial para comprender el presente: Los cambios sociales solo pueden establecerse por voluntad popular o coacción. Entonces, cabe preguntarnos ¿es admisible perpetuar un régimen impuesto en dichas condiciones? ¿es digno persistir en la imposición de un modelo rechazado por la población?
José Antonio encarna la delicadeza de Jaime Guzmán. Su elocuencia despista la imposición de criterios morales anacrónicos que despojan al mundo no conservador del sentido pleno de la existencia, mientras camufla sutilmente su discurso de odio. No es igual prodigarse liberal que personificar el fascismo. Estar dispuesto a convertir los instrumentos del Estado en elementos para la supresión de las libertades individuales, políticas, de organización y pensamiento, no debe aceptarse.
La exaltación del nacionalismo, el paradigma antimigratorio y el menosprecio por las minorías, unidas en la carrera presidencial, representan la riesgosa posibilidad de gobernar al tenor de manifestaciones racistas, xenófobas y discriminatorias en nombre de la soberanía popular. Aquí radica su peligrosidad. JAK se declara partidario de entorpecer la aplicabilidad de la Ley de aborto anteponiendo su visión valórica a una política de salud pública aprobada en todas sus etapas y ratificada por el Tribunal Constitucional.
Más el descriterio no se limita a su propuesta presidencial. Finalizando octubre se popularizó la respuesta del CRUCH, a propósito de la petición presentada vía oficio por los diputados del Partido Repúblicano Cristóbal Urruticochea y Harry Jürgensen, en que solicitan se les informe sobre “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”; los recursos empleados y la individualización de docentes a cargo en las Universidades de Chile y Santiago respectivamente. Apología al hostigamiento que se complementa interpelando extensivamente a los Ministerios de Hacienda, al que insta indicar recursos fiscales destinados al apoyo de “organizaciones, asociaciones y programas relacionados con la identidad de género y la diversidad”; y de Salud, respecto a recursos empleados en “terapias de reemplazo hormonal e intervenciones quirúrgicas como masectomías, metoidioplastias, histerectomías, oforectomías, orquidectomías quemonto” y la individualización de sus respectivos destinatarios desde enero, 2018.
Este precedente encabezado por miembros del Partido Político fundado por Kast expone la naturalidad con la que se instrumentalizan herramientas democráticas para fines persecutorios. Esta afrenta calificada como abusiva por el consejo de rectoras/es de las universidades del Estado evidencia a su vez, el menosprecio por minorías y disidencias sexuales articulado con total impunidad.
Paralelamente el proyecto presidencial, si bien no prohíbe explícitamente la existencia de grupos LGTBI, sí se les excluye de forma tácita en la descripción del núcleo familiar compuesto únicamente por un hombre y una mujer.
En lo referido a la Mujer propone la eliminación de su Ministerio –aunque después se desdijo- denota la total incomprensión del retroceso histórico que representaría. La perspectiva de género ha costado décadas de trabajo académico, social y político para el posicionamiento de la Mujer en el espacio público como sujeto de derechos frente al elemento masculino.
La importancia de visibilizar a la mujer como variable en los relatos de análisis en cuestiones sociales, ha implicado el reconocimiento de la multiplicidad de formas de discriminación y exclusiones (simbólicas, económicas, políticas, etcétera) a las que se ha sometido, permitiendo el desarrollo de acciones tendientes al asentamiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, culturalmente hablando, ser mujer en lo privado y en lo público es un dato que no debe volver a omitirse.
Pretender que las necesidades de la Mujer pesquisadas tanto a nivel local como por organismos internacionales (a cuyos acuerdos, Chile suscribe) pueden integrarse en un eventual Ministerio de la Familia Heteronormada, devela absoluto desconocimiento y/o desprecio por parte del candidato de Paine a la atención que merecemos.
Asimismo, reducir el rol social de la mujer al de madre-cuidadora, denota la desaparición del elemento femenino como sujeto político activo con derechos propios, concordantes a necesidades específicas.
En síntesis, esta propuesta en materia de equidad refuerza los estereotipos de género responsabilizando la gestión de tareas domésticas, de crianza y cuidado a la mujer suprimiendo el costo del trabajo no remunerado que este implica; excluye a las mujeres que no pueden o no desean ser madres; obstaculiza y elimina medidas para abordar las violencias y desigualdades sufridas por el género femenino, devolviéndolas a resolverlo en el espacio privado donde los riesgos de ser agredidas, violentadas sexualmente y asesinadas aumentan.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Patricia Hidalgo – Vicepresidenta Nacional de la Mujer / PPD
