La gran mayoría de las personas en América Latina viven en países donde el matrimonio igualitario es legal. Argentina fue el primero en reconocer ese derecho y en impulsar a activistas de toda la región a conquistar el suyo. El último país en aprobarlo fue Chile; el octavo en la región y el número 31 en el mundo.
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Los movimientos latinoamericanos de las disidencias sexuales, lo que hoy se conoce como movimiento LGBTI+ —lesbianas, gays, bisexuales, travestis/transexuales así como queers, personas no binarias e intersexuales—, han buscado su reconocimiento político y jurídico-institucional de igualdad al resto de la sociedad desde la década de 1960, pero con mayor énfasis a partir de los años 80.
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En el nuevo milenio, particularmente en Sudamérica y México, la lucha de los movimientos se materializó en leyes o sanciones judiciales, principalmente en lo que refiere al matrimonio igualitario. En América Latina, el primer país en legalizarlo fue Argentina, en 2010. Hoy es legal en 24 de los 32 estados de México —la Ciudad de México fue la primera, en 2010—, en Uruguay (2013), Brasil (2013), Colombia (2016), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) y Chile (2021).
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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que durante mucho tiempo estuvo en contra del matrimonio igualitario, en junio de 2021 sorprendió a la sociedad chilena al pronunciarse a favor e instar al Congreso a priorizar la ley, que estaba encajonado desde 2017. El pasado 7 de diciembre la aprobó definitivamente el Senado. Dos días después —tres meses antes de que termine su turbulenta presidencia—, Piñera la firmó y entró en vigencia.
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Desde 2020 en Bolivia se utiliza el término unión civil, que en diciembre de 2020, bajo el reciente Gobierno de Luis Arce, avaló el primer matrimonio entre personas del mismo sexo.
Mientras, en Paraguay el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.
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A pesar de que algunos países de América Latina han sido vanguardia en conquistas de derechos de las comunidades LGBTI+ como la no discriminación, la posibilidad de adoptar y de tener una identidad acorde a su género, la brecha que separa lo escrito en las normas, de los hechos sociales sigue siendo enorme: al menos 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en cinco años y medio en América Latina, entre 2014 y 2020, según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
