La invención de artimañas criminales no cesa. En 2021 se conoció que la Policía utiliza drones para ingresar drogas, objetos y manjares a las cárceles de América Latina, y que luego los vende a los reclusos por un precio desorbitante. La última astucia se detectó en una prisión colombiana: un dron aterrizó donde no debía.
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La situación parece repetirse en toda la región: los funcionarios penitenciarios están empleando drones para ofrecer a los prisioneros un delivery de drogas, arroz chino, hamburguesas, alcohol, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. En agosto de 2021 la noticia llegó a los titulares de Ecuador y Puerto Rico; tres meses después, a los de Chile, y ahora en diciembre, alcanzó los de Colombia.
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Siete guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia fueron arrestados por ofrecer el servicio en la prisión de mediana y máxima seguridad Tramacúa, del departamento de Valledupar (noreste), según informó la Fiscalía General de la Nación.
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La operación quedó al descubierto por un error de cálculo: el dron aterrizó en el pabellón equivocado. Como resultado, los guardias del INPEC ahora se encuentran del otro lado de las rejas con sus antiguos clientes.
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Al parecer, entregaban hamburguesas por unos 64 dólares, arroz chino por hasta 100; el alcohol rondaba los 255 dólares, mientras que la marihuana llegaba a casi los 400, y las tarjetas SMI sobrepasaban los 500 dólares. La investigación de la Fiscalía arrojó que los siete imputados generaban una renta mensual de casi 9.000 dólares.
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La corrupción en las cárceles colombianas
Ahora bien, ¿por qué los policías se han convertido en móviles de la corrupción? Según el análisis de InSight Crime, portal de investigación sobre crimen organizado en América Latina, en el último tiempo los sistemas penitenciarios de Colombia y la región han sido protagonistas de «numerosos escándalos de corrupción».
Ha quedado en evidencia que los funcionarios extorsionan y cobran a los reclusos por beneficios, y aceptan sobornos. También que se las ingenian para burlar los controles. Pero el uso de drones para hacer despachos al margen de la ley, «sienta un precedente más exótico», aseguran los expertos de InSight Crime.
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Entre los factores que influyen en que los guardias penitenciarios comentan este tipo de delitos, están los «magros salarios» que perciben —en promedio entre 208 y 625 dólares al mes según el portal—; un inadecuado proceso de selección del personal; la temprana edad a la que entran a la institución y su inexperiencia. A esto se le suman las largas jornadas de trabajo, que podían ser de hasta 24 horas seguidas.
