Este 10 de diciembre Patricio Pardo de 26 años, víctima de trauma ocular durante el estallido social en Chile, se quitó la vida. A Pardo lo aquejaba una depresión tras el ataque recibido por la Policía chilena. Su deceso reabrió el debate sobre el abandono en que se encuentran estas personas.
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A poco más de dos años del inicio de la revuelta social en el país sudamericano, las víctimas de trauma ocular son parte de la población chilena que aún carga con las secuelas de la violencia de Estado ejercida durante ese periodo. Casos emblemáticos como el de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, quienes perdieron ambos ojos por los disparos de Carabineros, la policía militarizada chilena, engrosan una larga lista que llega casi al medio millar.
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«Nosotros sabemos que hay más de 460 víctimas de trauma ocular. No hay un catastro claro de cuántas víctimas son de trauma ocular, porque el ministerio nunca se hizo cargo de este catastro. Y el catastro lo estaba llevando el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), que no recuerdo exactamente cuál fue la fecha en que dejaron de contabilizar a las víctimas», señala César Galloso, miembro y vocero de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
César es músico, y el día 23 de octubre de 2019 asistió a Plaza Dignidad como otros miles de chilenos a manifestarse por el cambio del modelo económico y social. Tras una primera embestida de Carabineros con bombas lacrimógenas, junto con otros músicos se alejó del epicentro y se apostó en el puente al costado de la plaza. Allí fue alcanzado por un perdigón lanzado por los uniformados, disparo que impactó directo en su rostro.
«Estaba en el puente Pio Nono. Estaba tocando música con una timba, junto a otros compañeros más músicos. Estábamos resistiendo tocando música ahí, mientras yo veía las lacrimógenas, hasta que en un momento los pacos [carabineros] arremeten desde acá del parque y es ahí donde a mí me disparan en el ojo derecho, un día 23 de octubre un cuarto para las seis de la tarde», detalla.
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Dos semanas después, Álvaro Silva también sufrió el ataque de la Policía uniformada. «Mi disparo fue el 8 de noviembre, ese fatídico viernes 8 de noviembre, que es el mismo día del Gustavo Gatica. A Gustavo fue a las 18 y lo mío fue a las 20:15 acá en Corvalán con la Alameda», relata el integrante de la Coordinadora y víctima de trauma ocular.
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Silva relata: «Una lacrimógena [impacta] en mi ojo derecho, la cual produce corte en mi córnea produciendo la mutilación de ella, en la cual no enfoco. Yo, aparte, soy fotógrafo, audiovisualista, diseñador, entonces fue rehacer nuevamente la vida».
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Veinte días después del ataque a Álvaro, el 28 de noviembre de 2019, la joven enfermera Natalia Aravena esperaba a un amigo para sumarse a una protesta convocada frente a La Moneda, palacio presidencial de Chile, momento en que la policía empezó a dispersar a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas. Una de ellas impactó en la cara de la profesional de la salud.
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«Alcancé a estar en el lugar unos cinco minutos y fui agredida por Carabineros que me dispararon una bomba lacrimógena sin yo estar haciendo nada, sin que la gente alrededor mío estuviera haciendo algo más que estar vociferando cánticos y algunos estaban sentados en el suelo, otros comiendo», cuenta Natalia.
«Llegó Carabineros repentinamente y decidieron empezar a ‘dispersar’, pero esta dispersión era mediante dispararle directamente a la gente. Y a mí me dispararon. Y me dispararon una bomba lacrimógena que me dio en ojo derecho y que estalló inmediatamente», agrega la joven de 27 años, quien hoy trabaja en la una Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) en un hospital de Santiago.
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¿Programa de Reparación o revictimización?
© Sputnik / Carolina Trejo
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La mutilación sufrida por estos tres chilenos, según explican, se multiplica a lo largo del país, una cifra que desglosan y detallan lo que hay detrás de esas más de 460 personas agredidas.
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«El 10% de las víctimas de trauma ocular son mujeres y aproximadamente son 40 menores de edad con traumas oculares. Y las víctimas de trauma ocular se encuentran en todo el territorio chileno. No es solamente Santiago, se encuentran en Valparaíso, en Concepción, en Temuco, Iquique, Puerto Montt, Coyhaique, Caldera. O sea, prácticamente en todo Chile existen las víctimas de trauma ocular, por lo tanto, esto fue un actuar generalizado y sistemático.»
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Las agresiones resultaron tan abrumadoras que el propio Gobierno de Sebastián Piñera decidió crear un programa especial para hacerse cargo de las víctimas de ese tipo de trauma. El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) comenzó a funcionar en noviembre de 2019 y hasta julio de 2021 había atendido a 384 personas con lesiones o pérdidas oculares producto de disparo de perdigones, bombas lacrimógenas o balines, así como también por afecciones a causa del uso de gases y líquidos tóxicos por parte de agentes del Estado.
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El programa según los afectados y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular es deficitario. «Este programa no es integral, dentro de este programa hemos sufrido bastantes discriminaciones, hemos sufrido malas atenciones, por lo cual también hay una deserción de este programa porque no nos da la confianza».
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«El mismo Gobierno fue el que nos hirió, el Estado fue el que nos mutiló, y es el mismo Estado el que quiere repararnos, pero no nos repara, nos revictimiza cada vez y sufrimos muchas negligencias en cuanto a la atención oftalmológica. Entonces todo eso nos lleva a tener una deserción de asistir a este programa», denuncia César.
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«Yo no perdí mi globo ocular, en el cual, claro, yo no necesito una prótesis ni nada de eso. Mi dolor es del alma, porque lo que yo más necesito es un tratamiento psicológico y psiquiátrico que no lo tenemos. Nosotros nos contenemos entre nosotros mismos, lo encontramos en la calle, venimos los viernes a Dignidad, tratamos de buscar cómo salir de esto», comparte Álvaro.
El fotógrafo además advierte que a la falta de especialistas se suma que quienes trabajan en el PIRO no se ajustan a los requerimientos: «No tienen una especialización en violación a los derechos humanos por parte de un agente del Estado».
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Estas denuncias se refuerzan cuando se constata que, en el mes de julio pasado, a más de un año y medio de la creación del programa, renunciaron dos profesionales fundamentales para su funcionamiento, el único oftalmólogo, Álvaro Rodríguez, y quien entre 2019 y 2020 fue la única psicóloga, Camila Urrea, que según la Coordinadora renunció debido a la sobrecarga laboral que enfrentaba.
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Suicidio de Patricio Pardo Muñoz
Fue la propia Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular que dio a conocer mediante un comunicado el suicidio del joven de 26 años Patricio Pardo Muñoz. «Hoy se cumplió uno de nuestros peores miedos, el de que la violencia y abandono terminaran con la vida de alguno de nosotrxs… Patricio no logro salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del Estado y abandonado por el mismo», se lee en el texto.
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Fue a fines de noviembre de 2019, en la ciudad de Valparaíso, mientras protestaba junto a otros manifestantes, y tras sentir un fuerte ruido detrás de él y darse vuelta, que Patricio Pardo recibió una bomba lacrimógena en su ojo derecho, el que inmediatamente se le reventó.
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No fue la primera agresión sufrida por Patricio en el contexto del estallido. Un mes antes había sido interceptado por un carabinero que le disparó a corta distancia de su cuerpo y rostro una descarga de balines que dejó cuatro proyectiles en su cuerpo, uno de ellos en lado derecho de su cara.
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Ante las violentas agresiones de agentes estatales, según detalla César Galloso, Patricio pidió asistencia. Incluso al INDH también pidió ayuda, y en esta institución «tampoco lo ayudaron».
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«Nuestro compañero no recibió rehabilitación integral y en esto hay responsabilidad directa del Estado que precarizó su vida y profundiza el abandono en reparación integral a todas las víctimas de violencia policial», denunció la Coordinadora en su comunicado.
Para César Galloso, por estas razones la decisión de Patricio fue inducida: «El Patito no se suicidó, al Patito lo mataron, y nos están haciendo eso».
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El fallecimiento de Patricio Pardo provocó serie de reacciones, especialmente del mundo político y activistas por los derechos humanos.
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En total abandono e impunidad
Quienes fueron agredidos y mutilados por agentes del Estado acusan que el abandono ha sido total por parte de todas las instituciones. «Es un abandono en cuanto a todas las áreas, o sea integralmente. No tenemos reinserción laboral, no tenemos una reinserción social, no tenemos tampoco un apoyo psicológico y de acompañamiento a las víctimas de trauma ocular. Tenemos un abandono en cuanto a la justicia», denuncia la Coordinadora.
«Chile tiene una historia de impunidad. Desde los años 70 hacia adelante las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los chilenos y chilenas fue terrible, y ya 40, casi 50 años todavía no hay verdad, todavía no encuentran a sus desaparecidos, que a esta hora claramente están muertos. Entonces, hay un secretismo entre las mismas instituciones, y eso permanece hoy en día también», advierte César Galloso.
César explica que no hay registro del actuar de la Policía porque se rompieron todos los protocolos, como las imágenes de las cámaras GoPro que llevan los carabineros, porque la función fue otra, «al ir a atacar a los manifestantes para producirles dolor, para hacerles daño, para que así sintieran miedo y nunca más vinieran a manifestarse. Ese era el fin de disparar y romper todos los protocolos».
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El vocero de la Coordinadora, explica que la justicia no ha llegado hasta el momento. «Hay muchas denuncias de las cuales todavía no hay condenados, no hay ningún condenado por trauma ocular. Y claramente, como te decía, hay un encubrimiento de las pruebas también, para identificar cuáles fueron los pacos que nos dispararon, porque ellos tienen que inscribir qué disparan, a qué hora disparan, y cuál es el número de la carabina y de la escopeta antidisturbios, todo. Entonces ellos rompieron todos esos esquemas, de lo cual hoy en día para nosotros es totalmente difícil conseguir justicia, y más cuando han prolongado tanto tiempo todas las pericias», puntualiza.
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«Imagínate que hasta el día de hoy no llaman a mis testigos, y yo llevo casi dos años ya que yo interpuse la demanda, y la querella y todavía no llaman a mis testigos. O sea, ese el trabajo que también realiza la PDI [Policía de Investigaciones] de derechos humanos. Entonces, como te digo, ya están prolongando tanto estos casos, que va a ser complejo, muy difícil identificar quiénes nos dispararon. Entonces justicia no vamos a tener. Yo de verdad que no tengo esperanza de obtener justicia en este país», asegura César.
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Para Álvaro Silva, la falta de justicia es producto de un pacto de silencio entre los cuerpos uniformados, tal como el que se dio en dictadura. «Rosas [exgeneral de Carabineros] lo dijo, ni un paco va a ser enjuiciado y se están encargando de eso. Si el pacto de silencio acá, de las fuerzas armadas, de las policías, es cultural. El pacto de silencio es eso, y nunca van a soltar las cámaras, nunca van a soltar nada».
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Frente a este total desamparo por parte de las instituciones del estado César, Álvaro y Natalia destacan el trabajo que las propias víctimas han propiciado. «Como coordinadora nosotros hacemos lo que no hacen las instituciones, el apañar, el estar, juntar las lucas [dinero], hacer la gestión para las familias y estar presentes, contener, contenernos».
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«Porque entre nosotros mismos nos podemos entender mejor que nadie. Sabemos lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, el trauma que significa el malestar físico y psicológico. Y en ese sentido creo que ha sido muy importante que podamos organizarnos y prestarnos apoyo entre nosotros», puntualiza Natalia.
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Una contención que para la enfermera es resultado de ese abandono, que «es lamentable que después de todo lo que vivió nuestro país, y del hecho de que fueran tantas personas a manifestarse».
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«Porque todos queríamos cambios, queríamos algo diferente, y por querer esos cambios muchos salimos perjudicados y que se haya olvidado eso me parece lamentable, egoísta, es terrible […] Salimos a manifestar nuestro descontento y volvimos sin una parte de nuestro cuerpo. Algunos incluso perdieron la vida. Por lo tanto, creo que es responsabilidad de todos recordar esto, no olvidar, y exigir justicia por todos nosotros los que sufrimos tanto trauma ocular, como otro tipo de lesiones», afirma Natalia Aravena.
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Seguir con la lucha
Durante estos dos años tras la revuelta social, la lucha por justicia en todos los ámbitos por parte de las víctimas ha sido constante: tomas, encadenamientos, marchas, visitas al Congreso y la Convención Constitucional han sido parte de las actividades para denunciar su situación, porque según señalan «la gente cree que estamos bien, la gente cree que los chicos, los compas están con prótesis, que tenemos tratamiento».
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«Vamos a seguir con la presión, es lo que nos queda, lo que tenemos en la mano es la presión en la calle y también tenemos que hacer la presión institucional, porque o si no, no nos sirve solo la calle. Tenemos que ver cómo resolver esto, porque hay un nuevo Gobierno y qué vamos a esperar cuatro años para que haya una ley de reparación», explica Álvaro Silva.
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Álvaro junto con César y Natalia han trasformado su lucha social. «Hoy día nos toca ser luchadores, nos toca ser activistas, nos toca ser trabajadores sociales, nos toca ser artistas, nos toca ser de todo para poder encontrar esta verdad, esta justicia, esta reparación y garantías de no repetición», sentencia César.
Por Carolina Trejo Vidal – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Se desempeñó en el programa Informe Especial y en el área de reportajes de Canal 13 como directora, editora y guionista. Recibió premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, finalista del Premio Gabriel García Márquez en 2014. Es académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y de Santiago.
