SANTIAGO – Modatima, el Movimiento por las Aguas y el Territorio (MAT) y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares trabajaron en conjunto en una propuesta de articulados que fueron enviados hoy a la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional. Una vez aprobada en dicha instancia, deberá recopilar 15 mil firmas de la ciudadanía para ser discutida.
Con más de mil adhesiones de organizaciones sociales y territoriales de Arica a Magallanes, este lunes 3 de enero se ingresó la propuesta de iniciativa popular de norma constituyente “Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares”.
La propuesta, preparada en conjunto por el MAT, Modatima y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, refleja las demandas históricas de los movimientos socioambientales respecto a esta temática y abarca todos los procesos del ciclo del agua, especialmente en el rol del Estado en garantizar el uso prioritario para la recuperación, restauración y regeneración de los ecosistemas y los derechos humanos del agua, algo inexistente hoy al ser considerada como una mercancía.
Para eso, la norma constitucional -que sería discutida en la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional- establece, entre otras cosas la definición del agua y sus fuentes como bienes comunes naturales inapropiables, y los Derechos de la Naturaleza, así como la regulación de toda actividad antrópica extractiva o industrial que pueda alterar el ciclo del agua. También postula la redistribución de los actuales derechos de agua asegurando los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento y define a los glaciares como bienes naturales ingestionables e incomerciables. La propuesta de norma establece que los glaciares y sus entornos deben protegerse de manera total, puesto que hoy son una de las bases hídricas de buena parte del territorio azotado por la sequía y escasez.
Desde el MAT, Nicolás Quiroz asegura que “esta iniciativa busca consagrar a la naturaleza como sujeta de derechos, establecer al agua como un bien común natural inapropiable, fortalecer la gestión comunitaria de las aguas por cuencas hidrográficas, crear una defensoría de la naturaleza que proteja y restaure los ecosistemas y así avanzar hacía la superación del extractivismo que ha generado muerte y destrucción en los territorios”.
Por su parte, Stefanía Vega, de la Coordinación de Territorios por la Defensa de Glaciares, afirma que la propuesta busca “el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos, a fin de proteger y restaurar los diferentes ecosistemas, dañados por una gestión mercantilista, que ha favorecido a pequeños grupos de poder por sobre el buen vivir de los pueblos. Asimismo, buscamos resarcir el daño a glaciares y sus ambientes, cuya protección constituye una demanda histórica levantada por los diferentes territorios particularmente quienes han vivido el asedio extractivista, afectando a este imponente y frágil ecosistema imprescindibles para la vida, por ser enfriadores naturales del planeta, fuentes de agua permanente sobre todo en época de sequía y escasez y que hoy se configuran como el sustento hídrico más importante de los valles centrales y de los ecosistemas, constituyéndose en una garantía fundamental para el respeto de los derechos humanos y de los derechos sociales”.
La convencional constituyente del distrito 6 e integrante de Modatima, Carolina Vilches, dice que “quienes formamos parte del movimiento social ambiental nos emociona iniciar este 2022 con la iniciativa popular de norma que manifiesta la lucha histórica por la justicia ambiental. Las personas, organizaciones, comunidades que forman parte de estos movimientos y que presentan esta iniciativa, son quienes conviven día a día con la injusticia ambiental, la emergencia climática y este modelo irracional de las aguas que tenemos en Chile”.
Para la convencional constituyente Constanza San Juan, esta iniciativa “nace de movimientos socioambientales de base con una extensa representatividad territorial y que llevan años defendiendo la vida y los bienes comunes. Aquí lograron volcar toda su experiencia, con lo cual fortalecen su participación en este proceso, y dieron vida a una norma que ofrece soluciones contundentes para un punto neurálgico de la crisis que nos tiene escribiendo una nueva Constitución: el abuso y la vulneración de los derechos humanos y ecosistemas en los territorios”.
“La norma propuesta consagra la Naturaleza como sujeto de derecho, desprivatiza el agua y la declara como bien común, y determina la protección y la preservación de todos los glaciares y sus ambientes. Se trata de medidas imprescindibles puesto que de nada servirá una nueva Constitución sin ecosistemas vivos y sanos que sustentan una sociedad digna y el buen vivir al que apuntamos”, agrega la representante del distrito 4.
La también convencional y representante de Modatima, Gloria Alvarado, recalca lo histórico del proceso y el interés de la ciudadanía y organizaciones sociales en promover normas populares constituyentes. Respecto a esta propuesta en particular, asegura que “es una demanda de larga data de las organizaciones socioambientales pues el agua desde 1980 ha sido considerada como una mercancía, sus ciclos no se han respetados y las comunidades más vulnerables se han quedado sin agua, lo que es trágico en este contexto de emergencia climática. Los derechos de la Naturaleza no han sido considerados en nuestra legislación y la nueva Constitución propenderá a garantizar aquello”.
Por último, la convencional Camila Zárate, integrante del MAT, dice que el drama de la sequía que se vive en el país “no es un problema de falsas soluciones, de carreteras hídricas, embalses o pozos más profundos, es un problema de distribución, de desigualdad, de un modelo económico que entregó al mercado la gobernanza de un elemento esencial para la vida. Esta norma se hace cargo de cambiar ese modelo”. Agrega que la propuesta “pone en el centro el enfoque ecosistémico, las prioridades de uso y cambia la categoría jurídica de las aguas, con una visión de protección, gestión comunitaria y gobernanza de los pueblos”.
Una vez que la propuesta pase por la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional, quedará a disposición de la ciudadanía para alcanzar las 15 mil firmas mínimas que se necesitan para que se discuta. Hay plazo hasta el 01 de febrero para adherir la firma a la propuesta.
