SANTIAGO – Gendarmería de Chile informó que el 1 de diciembre se dio por cumplida la pena de 11 años de presidio impuesta a Esteban Moya, por los delitos de violación y abuso sexual contra menores.
La comunicación ocurre en días claves para las víctimas, quienes esperan la resolución del máximo tribunal respecto al recurso de casación presentado por la rebaja en los montos de la indemnización ordenados por la Corte de Apelaciones, que zanjó la suma de la reparación, impuesta en primera instancia, de $ 1.600 millones, a cerca de $ 570 millones.
Uno de los condenados por los abusos a menores ocurridos al interior del Colegio Apoquindo, que salieron a la luz en 2012, quedó en libertad tras cumplir la condena de 11 años de cárcel, la que le fue rebajada en 22 meses por buena conducta.
Se trata de Esteban Moya, quien fue declarado culpable por los delitos de violación y abuso sexual contra menores, junto a su esposa Margarita Villegas, contra quien recayó una sentencia de 15 años de presidio.
Según informó Gendarmería de Chile, el pasado 1 de diciembre se dio por cumplida pena impuesta a Moya, ordenándose su inmediata libertad.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido tras el juicio, las víctimas aún esperan que la Corte Suprema se pronuncie respecto al recurso de casación presentado por las víctimas, por la indemnización que aún no ha sido pagada.
Según explicaron los abogados demandantes Ciro Colombara y Aldo Díaz, «las condenas a 11 y 15 de prisión pueden parecer altas, pero no compensan en modo alguno el daño que los condenados causaron».
«La condenada Margarita Villegas sigue en prisión y debe cumplir su condena. En lo civil, las familias aún esperan el pronunciamiento de la Corte Suprema», agregaron.
Específicamente, está pendiente la resolución de máximo tribunal por la rebaja en los montos de la indemnización ordenados por la Corte de Apelaciones, que zanjó la suma de la reparación, impuesta en primera instancia, de $ 1.600 millones, a cerca de $ 570 millones.
Fue en 2019 cuando la jueza María Paula Merino, del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, determinó que se debía pagar una indemnización de $ 1.600 millones por concepto de daño moral a las cuatro familias víctimas de los hechos.
Los costos debían asumirlos Esteban Moya, Margarita Villegas, Colegio Apoquindo Femenino Limitada, Gestora Educacional S.A., Sociedad Educacional Apoquindo Limitada y María Eugenia Gandarillas, directora del establecimiento cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, este año, en una votación dividida, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la suma a cerca de $ 570 millones.
Ante la decisión, los abogados que representan a los afectados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentaron un recurso de casación donde se argumenta que el tribunal de alzada «erró al rebajar injustificada e infundadamente la indemnización por daño moral», escrito en el que, además, se pide que se condene a la fundación asociada al Colegio Apoquindo y a las personas naturales que eran parte en la toma de decisiones.
La resolución al respecto, en tanto, aún está pendiente.
