SANTIAGO – Que se consagre el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos políticos, sociales, artísticos y culturales es el objetivo de la norma constitucional presentada por los convencionales Marcos Barraza, Mariela Serey, Malucha Pinto, Alejandra Flores, entre otros constituyentes, durante la jornada de hoy.
Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del Senadis realizada el año 2015 y cuyas cifras no han sido actualizadas, las personas con discapacidad representan el 17% de la población. En Chile, las políticas públicas no se hacen cargo de la protección y los derechos de las personas con discapacidad.
Para Marcos Barraza, constituyente por el distrito 13, la política pública enfocada en la discapacidad «es focalizada, es residual, es asistencial, no es garantista, no hay derechos consagrados y creemos que esta Constitución no sería completa si no asegurara esos derechos».
Para los patrocinantes de la iniciativa se tienen que garantizar derechos y coberturas universales como educación, salud, accesibilidad universal, trabajo entre otros. El ENDISC 2015 muestra que las personas con discapacidad que trabajan formalmente ganan en promedio un 20% menos que una persona sin discapacidad; tienen 8,6 años de escolaridad; el 50% se encuentra en los dos primeros quintiles.
Barraza indicó que «creemos que tiene que haber una política pública consagrada desde rango constitucional, que asegure autonomía, protección integral de las personas, protección reforzada, capacidad jurídica, materias que hoy día no están presente en la Constitución actual y ciertamente tampoco están presente en las políticas públicas».
La norma presentada por los convencionales «cumple con un propósito importante que es dotar a las personas en situación de discapacidad de la propia representación política. Creemos que el nuevo sistema tiene que asegurar una participación política en términos de representación y participación integral», añadió Marcos Barraza.
En tanto, Francisco Silva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, fue enfático en señalar que «el Estado tiene una deuda y esa deuda desde la Constitución se puede saldar, pero se puede saldar solo si es que existen garantías para las personas con discapacidad y el cumplimiento de su derecho sustantivo y asegurando también una serie de otros aspectos que están dentro de esta norma derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de manera sustantiva».
La norma fue firmada también por los convencionales Claudio Gómez, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Tatiana Urrutia, Maximiliano Hurtado, Damaris Abarca, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Valentina Miranda, Cristina Dorador, Lidia González y Hugo Gutiérrez. Además, respaldada por 39 organizaciones de la discapacidad.
