SANTIAGO — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre el estallido social de Chile iniciado en octubre de 2019, señalando que los agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza y reprimieron protestas pacíficas.
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«Durante el estallido social de Chile se registraron hechos donde hubo un excesivo uso de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica», consignó el organismo internacional a través del informe Situación de Derechos Humanos en Chile.
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El trabajo se realizó tras una investigación en terreno llevaba a cabo entre el 25 y el 31 de enero de 2020, instancia en que se analizaron no solo las protestas y la represión estatal, sino también la institucionalidad democrática vigente, las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas y la respuesta del Estado ante estas.
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La CIDH señaló que la represión estatal se caracterizó por tener patrones de violencia y excesivo uso de la fuerza, lo que significó la pérdida de cinco vidas humanas por acción directa de agentes del Estado.
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«Se registraron cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares; estos hechos son incompatibles con los estándares interamericanos de derechos humanos», agrega el reporte.
Asimismo, la CIDH aseguró que las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y la no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Por último, el organismo destacó como respuesta democrática a la crisis la instalación de la Convención Constitucional el 4 de julio de 2021, señalando que «representa un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de derechos humanos para todos».
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El estallido social fue un movimiento de masivas protestas ciudadanas en octubre de 2019 que dejó más de 3.000 heridos, 34 muertos y más de 400 personas con heridas oculares, donde distintos organismos internacionales y nacionales confirmaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.
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