Los gobiernos de Bolivia y Chile anunciaron un acuerdo para resolver la congestión que afecta desde diciembre al principal paso fronterizo binacional, donde millares de camioneros bolivianos enfrentan demoras de hasta semanas por medidas contra el COVID-19.
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El compromiso, en el que básicamente Chile aceptó una propuesta boliviana, se aplicará a partir de este 27 de enero y apunta a poner fin a una crisis fronteriza que fue denunciada como un gran perjuicio económico tanto por el Gobierno como por gremios empresariales de Bolivia.
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El problema apareció cuando Chile decidió desconocer la validez a las pruebas de detección de COVID-19 que presentaban los camioneros bolivianos, estableciendo su propio sistema de testeo que resultó insuficiente para atender la demanda.
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«Las medidas a ser adoptadas contribuyen a alcanzar la meta de atender al menos 300 unidades de transporte al día [como parte de] los esfuerzos que se vienen realizando por ambas partes para agilizar el flujo de carga internacional», dice el acuerdo leído a la prensa por el viceministro de Comercio Exterior boliviano, Benjamín Blanco.
El acuerdo establece además que desde este 27 de enero el laboratorio estatal Inlasa de La Paz iniciará la toma diaria de pruebas PCR en Tambo Quemado, lado boliviano de la frontera, y transmitirá electrónicamente los resultados a la administración fronteriza chilena, que no objetará su validez.
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Santiago se comprometió a enviar más personal de salud a su complejo fronterizo de Chungará, colindante con Tambo Quemado, a partir de este viernes, e incrementar progresivamente su capacidad de despacho de camiones bolivianos rumbo a los puertos del norte chileno.
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Blanco dijo que autoridades de ambos países volverán a reunirse el primero de febrero para evaluar la aplicación del acuerdo.
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Los puertos del norte chileno son paso obligado para la mayor parte de la carga de importación y exportación de Bolivia, país sin acceso soberano al océano Pacífico desde que perdió una guerra contra Chile en el siglo XIX.
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