A partir de un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos, el Gobierno boliviano avanzó en la desarticulación de una banda dedicada a enviar cocaína al exterior. La oposición quiere usar una foto para implicar al expresidente Evo Morales. Pero las investigaciones apuntan al Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
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La detención de Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), originó una serie de acusaciones entre el oficialismo y la oposición.
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Según investigaciones del Gobierno boliviano y de la DEA —Agencia de Lucha contra las Drogas, de EEUU— Dávila integraba una red internacional de narcotráfico. De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, Dávila trabajaba con otros capos que actualmente están presos: en una cárcel de Perú está Jorge Roca Suárez, alias Techo ‘e Paja y en otra de Colombia está Omar Rojas Echeverría, llamado por la prensa —quizás con exageración— «el Pablo Escobar boliviano».
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Dávila está acusado en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas. En EEUU lo investigan por tráfico de drogas. Fue detenido el pasado 22 de enero en Villazón, frontera con Argentina, cuando intentaba pasar al vecino país. Tres días después entró a la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Dávila fue designado jefe de la FELCN en febrero de 2019, meses antes del golpe que derrocó a Evo Morales (2006-2019). Una foto del 26 de octubre de ese año, cumpleaños 60 del entonces presidente, lo muestra junto al exjefe policial.
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De esto se aferra la oposición para entretejer vínculos en el aire entre Morales y Dávila. Pero los informes gubernamentales y de la DEA dicen otra cosa.
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«He leído el informe de la DEA. Creo que si la oposición quiere usar ese informe, lo primero que debe hacer es leerlo», dijo a Sputnik Reymi Ferreira, abogado y exministro de Defensa durante la presidencia de Morales.
Comentó que el informe de la agencia sirvió de base acusatoria para un juicio realizado por un tribunal del distrito sur de New York. Entre los seis sindicados por narcotráfico están Dávila y Rojas.
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«Ha estado un agente de la DEA infiltrado en las actividades de esta banda delictiva, pero no mencionó ni al comandante general de la Policía, ni al viceministro de Gobierno, mucho menos al expresidente Morales», afirmó Ferreira.
«Quien ha creado esa historia es la oposición», sostuvo. Y opinó que si la DEA tuviera algún indicio de que hay un alto político involucrado, «sin ninguna duda lo lanzaría. La DEA no tiene por qué guardar silencio sobre un Gobierno que no es muy amigo de EEUU».
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Para Ferreira, los intentos de la oposición de vincular a Morales «son puras especulaciones de gente que no tiene otra forma de hacer política. No tienen otra propuesta más que insultar, calumniar, tergiversar».
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Y aseguró que si la oposición se tomara el trabajo de leer el informe de la DEA, «se darían cuenta de que lo que dicen no tiene ningún sustento».
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Desde la época de Áñez
En conferencias de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que las investigaciones que derivaron en la detención de Dávila comenzaron en febrero de 2020, cuando detentaba el Gobierno Jeanine Áñez (2019-2020).
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Era una «época en la que Evo Morales ni se encontraba en el país. Esto se basa en un informe realizado por Inteligencia, que tiene coincidencias con el informe de Interpol», dijo Del Castillo.
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Según el ministro, hubo una reunión entre Techo ‘e Paja —quien venía de estar preso 27 años en EEUU—, el exmayor Rojas, un ciudadano dominicano cuyas iniciales serían D. R. C. e Ignacio Angus Nieto, quien habría huído a Brasil.
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«De manera clara y concisa se demuestra que el señor Roca Suárez (Techo ‘e Paja) recibió libertad condicional en el Gobierno de la señora Jeanine Áñez. Las reuniones para la compra, venta, conspiración, para llevar narcotráfico del Perú a territorio nacional y de ahí a terceros países sucedió en el Gobierno de Jeanine Áñez», evidenció el ministro.
Política y narcotráfico
Diego Giacoman es economista e investigador, especializado en los cultivos de coca de Bolivia. En diálogo, evaluó que «lo que pasa ahorita en relación a estos temas tienen que ver con la inestabilidad política y la pugna de poderes que hay internamente en las esferas más altas de poder».
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Con el derrocamiento de Morales, la autoproclamación de Áñez y la recuperación de la democracia, «se generaron una serie de desestabilizaciones del statu quo en que funcionaba no solo el narcotráfico, sino muchos espacios de poder».
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Y detalló: «Estos cambios y la inestabilidad política han afectado la forma en que funciona la economía ilícita del narcotráfico y la relación con algunas instancias del Estado vinculadas a la interdicción, que pueden ser del Poder Judicial o de la Policía».
Para Giacoman, los últimos detenidos quedaron en medio de una disputa política: «Quienes apoyaron antes, o se involucraron con un anterior Gobierno, se vuelven un foco de atención para las actuales autoridades».
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Para el investigador, «como resultado de estas pugnas políticas terminan visibilizando y armando lo que para mí es básicamente un show mediático, antes que nada. En segundo lugar vendría la lucha real y efectiva contra el narcotráfico».
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Para Giacoman, los vínculos entre funcionarios del Gobierno y narcotraficantes se hicieron evidentes a partir de los años 80. «Han habido vínculos en los gobiernos del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), ADN (Acción Democrática Nacionalista), el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), en los gobiernos del MAS también ha habido involucramiento y denuncias. En algunos casos se han verificado indicios», comentó.
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En este sentido, evaluó: «Yo no pensaría que las detenciones significan un punto de inflexión o un giro importante en economía ilegal del narcotráfico». Para él, se trata de «partes pugnando por el control de algunos espacios. Más allá, se mantienen los volúmenes de producción y las finanzas prácticas. Creo que no es un cambio estructural. Es de coyuntura».
Por Sebastián Ochoa – Periodista argentino, estudió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Vive en Bolivia desde 2007, donde ha trabajado para distintas instituciones de la sociedad civil y como comunicador de organizaciones indígenas campesinas. Entre 2008 y 2018 escribió para el diario Página 12 de Argentina y desde septiembre de 2020 es corresponsal de Sputnik en Bolivia.
