«En ese sentido se van posicionando, no solo a las mujeres por sí mismas, sino que nuestras visiones, nuestras experiencias, nuestras formas de comprender el mundo. En ese sentido, lo valoramos de manera positiva», agregó.
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Según el
estudio de la OCDE Igualdad de género en Chile, la visión patriarcal donde el hombre mantiene y provee a su familia y la mujer que se queda en casa y cuida del hogar sigue siendo común en Chile. Esto se traduce en que
las mujeres dedican más horas al cuidado de los niños y labores domésticas. La tasa de empleo femenino en Chile es casi 20 puntos porcentuales inferior a la masculina, una brecha mucho mayor que la media de los países de la OCDE.
La OCDE señala que la pandemia de COVID-19 ha expuesto retos preexistentes de una forma sin precedentes. Cuatro quintos de las mujeres chilenas que dejaron de trabajar durante la pandemia no buscaron un nuevo empleo.
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Castillo explicó que
la crisis sanitaria afectó gravemente a las mujeres, puesto que antes de la pandemia eran ellas quienes tenían trabajos más precarios, informales y bajos sueldos.
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La integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres comentó que «los trabajos a los que suelen acceder la mayoría de las mujeres son precarizados y esa precarización se profundizó un más durante la pandemia. Trabajo domésticas y en el hogar, en esta época que se ha vivido mucho más en la casa, se requieren mayores cuidados y toda esa sobrecarga de trabajo recayó sobre las mujeres y estas no pudieron volver a retomar sus trabajos».
Castillo afirmó que hay ciertos desafíos que están pendientes desde hace bastante tiempo, como la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres, que duerme en el Congreso hace más de cinco años, y establecer un sistema educativo donde se puedan desarrollar cambios que apunten a vidas libres de violencia.
A su vez, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M Pamela Valenzuela explicó que para ellas hay
demandas que son urgentes. Una de estas es que el proceso constituyente termine, llegue a buen puerto y que el Gobierno no sea una traba para este proceso. Valenzuela comentó que esperan que «la Convención pueda mantener su autonomía e independencia de los poderes fácticos que existen en el país, puesto que además es un poder constituyente que proviene de los pueblos que
se movilizaron desde octubre de 2019«.
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La Convención Constitucional, a través de la Comisión de Participación Popular, creó un mecanismo de participación ciudadana llamada
Iniciativas Populares de Normas, gracias al cual las personas naturales y organizaciones de la sociedad civil
pueden presentar propuestas de normas constitucionales para que puedan ser deliberadas en el órgano. Eso sí, deben reunir 15.000 patrocinios para que sean discutidas en la Convención Constitucional..
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres participó de una articulación que presentó una
iniciativa de norma que busca garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo-genéricas. Esta iniciativa cuenta con 11.000 patrocinios y tiene plazo hasta el 1 de febrero para alcanzar las 15.000 firmas necesarias.
Pamela Valenzuela explicó que la intención de la Coordinadora Feminista 8M es seguir avanzando para que todas las personas que han sido discriminadas de los espacios de poder de la política, de los accesos a definir las riendas del país, de nuestras vidas y las comunidades, estén incluidas.
«Avanzar todo lo posible y disputar, tanto al interior de la Convención como a las afuera de ella, que esta nueva Constitución, en la cual nosotras hemos querido estar escriturando de nuestro puño y letra cómo queremos vivir los derechos, tenga en sus páginas lo que nosotras hemos debatido y deliberado democráticamente en todos los territorios», cerró Valenzuela.
Por Alexis Polo González – Periodista especializado en derechos humanos y memoria.