¿Por qué se generó esta propuesta transversal desde la sociedad civil?
La propuesta de una Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, que 21 organizaciones de la sociedad civil presentamos el 22 de diciembre ante la Convención Constitucional logró el patrocinio de 9 convencionales, lo que permitirá su debate. A efectos de propiciar desde la sociedad civil un conocimiento cabal y un seguimiento ciudadano a esta propuesta, dejamos, como gestores coordinadores de la misma, esta columna de opinión en las redes sociales.
La Nueva Constitución que se está generando en la Convención Constitucional consagrará un catálogo de Derechos, pero, simultáneamente deberá establecer las formas concretas para poder garantizar tales derechos.
Nuestra propuesta no entra a la discusión del catálogo de derechos, sino que apunta a lograr que la Constitución pueda, en su sala de máquinas, crear un organismo que vigile el respeto y fiel cumplimiento de la norma constitucional, en materia de Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza. La misión de la Defensoría será evitar que tales derechos queden en letra muerta, al asumir la fiscalización de los demás poderes del Estado y de los agentes económicos privados que actúen en el ámbito de esos derechos.
En estos términos, nuestra propuesta significa un cambio histórico en la concepción clásica del Ombudsman escandinavo, toda vez que éste está concebido como un organismo unipersonal, nombrado por el Ejecutivo con anuencia del Parlamento, lo que limita esencialmente su autonomía y legitimidad. Mal podría ese Defensor controlar o fiscalizar a quien lo designa. Por otra parte, sus funciones han sido de mediación y buenos oficios, en aras de una supuesta “autoridad moral”.
En definitiva, la experiencia muestra evidencias cercanas, donde ese Defensor es cooptado por los gobiernos de turno como una entidad irrelevante y decorativa que sirve como pacificador social y, mediáticamente, para lavar la imagen de gobiernos autoritarios. Es lo que no queremos para Chile, porque están a la vista los penosos resultados del INDH frente a la explosión social de octubre 2019 y la represión consecuente, en donde se manipularon cifras de víctimas de daño ocular, se restringió la calificación de los casos de abusos, llegando a un repudio extendido de la opinión pública por la obsecuencia demostrada frente al gobierno. En el mismo orden de ideas, tenemos el caso patético de los abusos a niños en el SENAME, donde la Defensoría de la Niñez, pese al esfuerzo personal de su Directora, no ha logrado llegar al fondo de un sistema donde los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se han mercantilizado y el abuso sigue ocurriendo en total impunidad.
Para asegurar que se instale en Chile una sincera cultura de respeto a los DDHH no sirven entidades temáticas febles, sin autonomía, facultades ni presupuesto adecuado. Eso sólo le sirve a los gobiernos para demostrar a nivel internacional que se está haciendo algo. Es lo mismo que un Servicio Nacional del Consumidor que funciona como amortiguador de reclamos, con mediaciones inconducentes que jamás han logrado denunciar delitos económicos contra los consumidores. Por todo lo anterior, lo que se propone es un organismo permanente y autónomo de la administración de Estado que tenga una función fiscalizadora del cumplimiento y respeto a las normas constitucionales y las derivadas de tratados internacionales, en materia de derechos humanos.
Al inicio de este siglo se creó una ONG para impulsar el Defensor del Pueblo en Chile en el sistema público y siempre los intentos quedaron en vía muerta o bien fueron tergiversados, dándoles un carácter de oficina de reclamos y orientación a las personas que reclamaran. Una oficina sin ninguna atribución real para ejercer cambios de conducta en situaciones reclamadas. En perspectiva, hemos entendido que jamás el modelo iba admitir un organismo que lo fiscalizara en serio. Esas experiencias del Ombudsman en Chile fueron frustrantes. Como también lo ha sido su rol decorativo en España o Colombia. Defensores unipersonales, sin atribuciones efectivas, son un lavado de imagen para el poder político de turno, por más se busque justificarlos como “los hombres buenos”, con “carisma”, funcionales al statu quo.
Persistir en un Ombudsman, defensor del pueblo, unipersonal, decorativo, manteniendo otras defensorías temáticas parciales, significa, además, no entender que los Derechos Humanos son integrales y existe un principio de indivisibilidad respecto a ellos. La persona, por otra parte, no puede separarse de la Naturaleza, como tampoco puede separarse el agua de la tierra o la cultura de la natura. La cosmovisión que está en el fondo de nuestra propuesta reivindica en la nueva Constitución una relación inseparable del ser humano con la naturaleza, sus ciclos y sus ecosistemas. La defensa de la Vida se expresará en este organismo nuevo y permanente del Estado, teniendo a su cargo, de manera vigilante, científica, multidisciplinaria, todo el espectro de derechos garantidos en la constitución, con una visión inter generacional, de largo plazo.
La Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza que se propone es integral y sistémica, pues, abarca la defensa de todos los derechos incorporando los derechos de la naturaleza, en una connotación adelantada que se hace cargo de la cosmovisión de los pueblos originarios, en donde no hay una separación entre la actividad del hombre y la armonía con la naturaleza; el respeto a la vida en todos sus aspectos es fundamental y esto sintoniza con la crisis climática que está viviendo el planeta y que afecta gravemente a Chile.
Pero, además, la propuesta tiene racionalidad orgánica y económica. Primero, porque este organismo profesional será legítimo en su dirección, a cargo de Consejeros Regionales de las Defensorías, generados por elección popular; y, segundo, como organismo permanente, tendrá una planta de funcionarios, generada por concurso público con la incorporación de los funcionarios de los organismos que serán incorporados por la Defensoría. En los conversatorios sostenidos a lo largo de décadas, se han recogido todos los aportes y miradas, lo que permite asegurar viabilidad para lograr cimentar este nuevo organismo en la futura institucionalidad. A partir de los territorios se podrá elegir el Consejo Directivo Nacional y esto es profundamente democrático, totalmente transparente y evita que la gestión pueda ser influida desde los otros poderes, cuestión que no ocurre con el Defensor unipersonal, que puede ser cooptado por grupos de presión o por el poder que lo designa.
La propuesta de Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza sintoniza perfectamente con la concepción de un Estado Regional, Pluricultural y Plurinacional, en donde la gestión se lleve en el ámbito del territorio, con una interrelación permanente con las organizaciones que eligen a los Consejeros Defensores territoriales.
Finalmente, en su misión de alcanzar en la sociedad chilena una cultura de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza, la Defensoría tendrá una misión educativa y la facultad para dictaminar la correcta aplicación por parte de los organismos públicos, de las normas en estas materias, vale decir, velar por una coherencia en las resoluciones e instructivos, impidiendo que la discrecionalidad administrativa haga perder el espíritu de dichas disposiciones constitucionales.
Que el organismo sea autónomo y tenga una capacidad de funcionar como organismo permanente del Estado, significa que tendrá personería de Derecho Público, con patrimonio propio, con una Ley Orgánica que la propia Constitución enmarque en ciertos principios, para asegurar que se respete su concepción constitucional. Racionalmente, se postula generar un sistema de defensoría potente, autónomo, con facultades fiscalizadoras, que absorberá las actuales defensorías temáticas, las que serán áreas funcionales dentro de la nueva orgánica. Se busca, precisamente, encasillar a ese personal que ha venido trabajando en forma precaria, en esta nueva Defensoría potente, incorporados a una planta funcionaria a través de un concurso, con cargos servidos en propiedad, en los que podrán gozar de fuero y de expectativas de carrera funcionaria, de lo cual hoy carecen. Con esto se asegura la autonomía e independencia frente a las presiones políticas de cualquiera de los demás poderes del estado o de otros poderes fácticos.
Por eso, cuando hablamos de Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, hablamos de un sueño colectivo que parte desde la cosmovisión de pueblos que construimos paz social, en territorios que recuperan armonía con la Naturaleza; de la racionalidad de una orgánica legítima, transparente y democrática; de un presupuesto viable, de una misión con basamento científico, ético y político. Por lo tanto, creemos que es el camino que Chile deber seguir, sin desviarse hacia alternativas que sigan ofreciendo una débil y manejable institucionalidad.
Si decidimos por esta Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza, estaremos generando un hito en los procesos de profundización democrática. Chile marcará un camino de empoderamiento de la sociedad civil. Para que otra era avance y que las nuevas generaciones puedan recuperar la armonía con la Naturaleza en todo su esplendor y como parte consciente de ella.
LA OPINIÓN DE LOS AUTORES NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Juanita Fernández Álamos, Médico Cirujano, Asesora de MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Activista Social DDHH, Ambientales y de la Naturaleza.
Hernán Narbona Véliz – Periodista. Administrador Público, Secretario Mesa Coordinadora DDHH Valparaíso, Corresponsal Diario La Razón / Región de Valparaíso, Chile.
