Cien carabineros, más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas, mejor equipamiento y más tecnología. Esto es parte del plan de último minuto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, para contener la crisis migratoria y de seguridad en el norte del país, anunciado a menos de un mes de que termine su mandato.
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Por Francisco Bravo Atias
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El mandatario utilizó su facultad exclusiva para decretar estado de excepción constitucional sin necesitar la aprobación de los otros podes del Estado durante 15 días, en las provincias norteñas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.
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«Esta medida permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal, que genera problemas humanitarios, de seguridad, de delincuencia, de orden público y muchas veces es usada por bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando y muchos otros males», afirmó Piñera en conferencia de prensa este miércoles, al anunciar el inicio del plan.
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El jefe de Estado detalló que los uniformados realizarán patrullajes y controles conjuntos a pie y motorizados para monitorear la frontera con Bolivia, lugar por donde ingresan mayoritariamente las personas usando pasos no habilitados, y también los límites con Argentina y Perú.
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«Estableceremos puestos de observación nuevos, desplegaremos aviones no tripulados y drones, dispondremos helicópteros, cámaras térmicas y de visión nocturna, todo operado con la ayuda de modernos equipos satelitales de comunicación», dijo.
Además, anunció que se expulsará a los migrantes que sean sorprendidos cruzando la frontera por pasos no regulares. «Para esto, hemos tenido conversaciones de coordinación con Bolivia, Perú y con Argentina», agregó.
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La crisis y los camioneros
Los empresarios dueños de camiones forman en Chile uno de los gremios más poderosos del país, capaces de paralizar la economía de una zona con una protesta.
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Sucedió en 1972, con un paro de camioneros financiado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que buscó desestabilizar al Gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Ocurrió en agosto de 2020, cuando cientos de camiones bloquearon las carreteras demandando mejores condiciones laborales y amenazando con desabastecer al país de suministros durante la pandemia.
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Y este año se repitió la medida de presión, en la zona norte del país. Hace semanas se venía gestando un descontento de los empresarios frente a la ola de delitos que comenzó a crecer a raíz de la crisis migratoria, que llegó a su pico el 10 de febrero cuando un camionero de 25 años fue asesinado en Mejillones por migrantes venezolanos, según la investigación policial.
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El gremio se unió y estacionó sus máquinas en medio de las calles, impidiendo el acceso a aeropuertos, carreteras y puertos. Lograron paralizar Iquique y otras ciudades de la zona. Rápidamente, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tomó un vuelo al norte, negoció con ellos y aceptó la militarización.
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Próximo Gobierno
El 11 de marzo tomará la posta el presidente electo Gabriel Boric y existe incertidumbre por la postura que adoptará frente al estado de excepción decretado.
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Boric aseguró que no mantendrá la actual militarización que Piñera está implementando en La Araucanía (sur) y en otras zonas del sur del país frente a la seguidilla de ataques incendiarios del último tiempo, pero aún no se refirió a la situación del norte, a pesar de que estará en sus manos la decisión de ampliar o no la vigencia de la militarización.
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«Nosotros estamos trabajando para tratar de sentarnos a conversar con el Gobierno entrante y pedirle poder seguir con esta misma medida a largo plazo. Estamos pidiendo reuniones con la próxima ministra del Interior (Izkia Siches) para ver cómo podemos enfrentar esta situación», comentó en conferencia de prensa el vocero de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Bassi.
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Sin embargo, algunos parlamentarios del sector de Boric ya han adelantado su apoyo a la medida si es que el próximo mandatario busca mantenerla. «El estado de excepción entrega facilidades para que el Gobierno disponga de mejor manera la fuerza pública frente a la crisis migratoria», señaló la diputada del partido Revolución Democrática (izquierda) Catalina Pérez al medio La Tercera.
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Según datos de la Fiscalía, el año pasado en el norte del país aumentaron los delitos de mayor gravedad como los homicidios, con un alza de 183%; el tráfico de migrantes, con un 501%; el tráfico de drogas, con un 42%; el porte de arma cortante, un 124% y los robos con violencia e intimidación, que se incrementaron un 18%.