El Gobierno de Sebastián Piñera acusó al Estado Plurinacional de Bolivia de facilitar el paso irregular de ciudadanos venezolanos, que son recibidos en un clima de racismo y xenofobia. Mediante el diálogo se intentará regularizar el flujo migratorio.
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Desde hace un año, Chile recibe a cientos de migrantes por día, a través de sus fronteras con Perú y Bolivia. Muchas personas cruzan de manera ilegal y terminan durmiendo en la vía pública en poblaciones chilenas. Esto provocó varios ataques xenófobos contra quienes recién llegan al país, principalmente de Venezuela. Por esta situación el presidente Sebastián Piñera militarizó el norte del país, donde también rige el Estado de excepción.
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Analistas consultados consideraron «desesperada» esta medida de Piñera. Mientras tanto, continúan las mesas de negociación entre Bolivia y Chile para tratar este y otros temas que preocupan a ambas naciones.
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El historiador chileno Máximo Quitral evaluó que «la militarización ni siquiera ha provocado temor en los migrantes. Se piensa que con este tipo de acciones las personas que están moviéndose entre las fronteras se van a sentir intimidadas, atemorizadas, pero no ha ocurrido eso».
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La negociación
Días atrás, las cancillerías de Bolivia y Chile emitieron un comunicado conjunto, en el cual coincidieron «en la importancia de esta nueva etapa de relacionamiento bilateral que se desarrolla en el marco de la Hoja de Ruta acordada entre ambos gobiernos el 30 de abril del 2021».
En la reciente reunión virtual, autoridades de ambos países acordaron iniciar tres mesas de trabajo binacionales, para tratar «problemáticas fronterizas», como el contrabando y comercio ilegal; cuestiones migratorias; la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, «así como activar el Grupo de Trabajo en Cooperación Policial a la brevedad», manifestaron en el comunicado.
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Bolivia y Chile «concordaron abordar estas materias y avanzar, en el marco de una política de Estado, hacia soluciones que permitan combatir el crimen transnacional organizado, con particular énfasis en el contrabando y el control migratorio».
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Antes del inicio de las reuniones, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, no se ahorró críticas al Estado Plurinacional, al dar a entender que en la frontera se deja pasar a cualquiera hacia su territorio nacional.
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«Bolivia es, por lejos, el país que menos colabora», al momento de controlar la frontera que comparte con Chile. El ministro Delgado agregó que la Policía boliviana permite pasar a ciudadanos venezolanos «a cambio de dinero».
Una decisión tardía
Quitral es director del Instituto de Política Latinoamericana (IPOLAT) de Chile. En diálogo, consideró que la decisión chilena de armar mesas de trabajo con Bolivia «es un tanto tardía. Por ello tenemos esta situación compleja, que se ha llamado ‘crisis migratoria’, pero viene ocurriendo desde hace bastante tiempo».
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La crisis migratoria costó el cargo al excanciller Andrés Allamand, quien días atrás asumió como titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib). En su lugar asumió Carolina Valdivia.
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«Tiendo a pensar que esta decisión tardía responde a la despreocupación que tuvo el excanciller Allamand para enfocarse en la situación que estaba produciéndose en el norte y centro de Chile», dijo Quitral.
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Y agregó: «Todo su esfuerzo (de Allamand) estuvo más bien dirigido a ocupar un alto cargo en un organismo internacional. Y se desentendió de las exigencias de las autoridades políticas del norte, que no tenían ninguna herramienta política e institucional para atender la situación».
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Por ello, evaluó que la mesa de trabajo Chile-Bolivia «es una medida importante, pero es una medida tardía, porque lamentablemente no ha resuelto y no va a resolver la situación en el norte de Chile y en la frontera con Bolivia».
Una solución sudamericana
Según ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, desde noviembre de 2021 cada día cruzan 500 ciudadanos venezolanos de Bolivia a Chile. Son miles de personas que en muchos casos no traen más que lo puesto, por lo cual terminan durmiendo en ciudades del norte chileno, como Iquique y Antofagasta.
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Para Quitral, las autoridades chilenas no podrán solucionar solas esta crisis migratoria: «Independientemente de las diferencias ideológicas que el Gobierno de Chile pueda tener con países de la región, va a tener que comenzar a tender puentes políticos con Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia, para generar algún acuerdo que permita resolver este problema».
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Además de incorporar a más actores, «se requiere de una Cancillería muy proactiva, que pueda generar las instancias de confianza para construir una agenda de colaboración en materia migratoria», dijo Quitral, quien es historiador con doctorado en Ciencia Política en la Universidad de San Martín, de Argentina, y tiene una maestría en Estudios Internacionales cursado en la Universidad de Santiago de Chile.
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La militarización
Sobre la militarización del norte chileno, Quitral opinó que «va a ser un completo fracaso. Ya lo está siendo, uno lo ve en las redes sociales. Uno también observa y escucha los comentarios de las autoridades locales, que siguen ingresando personas ilegalmente».
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En este sentido, Quitral evaluó que la militarización «es una medida desesperada, que no responde a la situación política. Por tanto, más que resolver el asunto lo puede entorpecer».
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Consideró que «aquí no se requieren agendas políticas de improvisación, sino agendas políticas claras, concretas, que orienten la situación migratoria en el norte de Chile».
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Negociando con un pie afuera del poder
Al presidente Piñera le queda un mes de mandato, antes de entregarlo al presidente electo Gabriel Boric. ¿Por qué el interés de su Gobierno saliente en generar acuerdos con Bolivia?
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Alfonso Ossandón es un periodista chileno, quien conduce el noticiero internacional en el canal estatal Bolivia TV. En diálogo con Sputnik, evaluó que los posibles acuerdos que firme Piñera condicionarán esa parte de la política exterior de Boric, cuando asuma la presidencia.
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«Boric está de cierta manera obligado a asumir las condiciones en las cuales va a recibir el país. Está atado a los acuerdos que ya se venían dando en los últimos 15 años, con respecto a la postura del Estado chileno frente a Bolivia y Perú», comentó.
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El sueño chileno
La llegada de migrantes, fundamentalmente de Haití y de Venezuela, genera movilizaciones y protestas en poblaciones del norte chileno, como Iquique, donde a menudo levantan sus precarios campamentos, culpándolos por los robos y crímenes acontecidos en esa ciudad.
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Con la sospecha de que las autoridades bolivianas facilitan el paso de extranjeros a cambio de dinero, la mesa sobre migraciones es de relevancia para los funcionarios chilenos.
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Para Ossandón, terminarán como mano de obra barata para los poderes tradicionales chilenos: «En todo aquel que incauto que pensó que salir de su hogar en Venezuela para ir a a la calle en territorio chileno, hay un cierto grado aspiracional de la población, que creyó realmente en esas promesas de que en Chile iban a encontrar el sueño americano».
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El camino al sueño americano exige atravesar ilegalmente la frontera, en pleno altiplano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas bajo cero una vez que cae el sol. Condiciones tan extremas para llegar a Chile han ocasionado 23 muertes desde el inicio de la crisis migratoria, en febrero de 2021.
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