Esta semana fue bautizada como «histórica» por autoridades y medios de comunicación de Chile, debido a que la asamblea constituyente sometió a votación y aprobó las primeras normas para su propuesta de texto constitucional.
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Por Francisco Bravo Atias
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Durante siete meses, la Convención, que no tenía ninguna referencia en territorio nacional ya que es el primer órgano constituyente formado democráticamente de la historia, se dedicó a crear su reglamento interno desde cero. Los 155 constituyentes aceptaron el desafío y debieron aprender a organizarse mientras lidiaban con una polémica renuncia (hoy son 154 asambleístas), con las restricciones sanitarias del COVID-19 y con la enorme diversidad de posturas ideológicas integrantes.
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Tras haberse aprobado el reglamento, los convencionales se organizaron en siete comisiones temáticas y cada una de ellas redactó y aprobó normas relacionadas a sus asuntos: sistema político, forma de Estado, derechos fundamentales, ciencia y cultura, principios constitucionales, ambiente, y modelo económico y sistema de justicia.
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Esta última comisión aceleró los motores, considerando que en julio de este año se termina el plazo para que la Convención presente su propuesta final, y el martes 15 de febrero envió al pleno sus primeras 14 normas aprobadas.
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Se inició entonces la deliberación del pleno. El jueves 17 sufragaron los 154 convencionales y diez normas consiguieron los 103 votos necesarios para quedar plasmadas en el texto final. Estas son las primeras palabras escritas en el texto que los chilenos deberán aceptar o rechazar a través de un plebiscito nacional en septiembre, para reemplazar —o no— la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Las 10 exitosas
Se acabó la hoja en blanco. Ahora la propuesta de Constitución tiene 10 artículos, todos vinculados al sistema de justicia. En el primero de ellos se garantiza la «independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad» de la justicia. Se prohíbe explícitamente que un juez desempeñe otro empleo, salvo actividades académicas, o que militen en partidos políticos.
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Se estableció el concepto de paridad y perspectiva de género en la justicia. «Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género», se consignó. Además, quedó escrito que la justicia debe respetar la interculturalidad y la plurinacionalidad del país.
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Una norma que causó sorpresa por su alto nivel de aprobación en el pleno (150 votos a favor) fue el de gratuidad. «El acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley».
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La lista la cierra: un articulado que obliga a la justicia a resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes que intervengan en los procesos; otro que garantiza que los tribunales deben otorgar un trato digno y respetuoso a la ciudadanía; el acceso universal a la justicia; el principio de responsabilidad jurisdiccional; el principio de probidad y mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.
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Entre las normas que no lograron los votos requeridos había una sobre justicia plurinacional, que buscaba crear sistemas jurídicos especiales para pueblos indígenas, paralelos a la justicia nacional.
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Esta última no fue rechazada completamente y será revisada y modificada para volver a ser votada. Pero los sectores de derecha y conservadores ya anunciaron que repetirán el rechazo, al igual que una parte de la centroizquierda. «Un sistema paralelo a la justicia ordinaria crearía problemáticas como delitos idénticos con distintas sanciones. No habría controles ni límites claros y afectaría la igualdad ante la ley», se quejó el convencional del partido Evolución Política (centroderecha) Hernán Larraín, a través de su cuenta de Twitter.
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Posible prórroga
Entre algunos convencionales se comenzó a instalar un miedo: que las pocas semanas que quedan hasta el 4 de julio, el plazo fatal para entregar la propuesta de constitución, no sean suficientes para redactar y votar todo lo que queda. Y en los pasillos de la Convención se oye un rumor: extender ese plazo.
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En conversación con la constituyente Francisca Arauna, integrante de la comisión de Sistema Político, no descartó la existencia de los rumores pero aseguró que intentar una prórroga sería prácticamente imposible.
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«Necesitarían el apoyo de los parlamentarios electos que asumen en marzo para crear un nuevo acuerdo constitucional. Y el próximo Congreso está altamente representado por sectores que han llamado a rechazar la nueva Constitución, por lo que creo que es mejor concentrarnos en nuestro trabajo y lograrlo en el tiempo estipulado», señaló.
Ignacio Achurra es el convencional encargado de liderar la comisión de Conocimiento, Cultura y Ciencias. La autoridad aseguró a Agencia Sputink que tanto él como los constituyentes que integran su comisión están «trabajando y poniendo toda su energía para que los plazos se cumplan de manera estricta».
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«Nuestra apuesta es que vamos a cumplir el desafío, y confiamos en eso», agregó.
El proceso constituyente se originó en Chile tras el movimiento ciudadano de protestas masivas de octubre de 2019 denominado estallido social. En noviembre de ese año los parlamentarios decidieron llamar a un plebiscito nacional, en octubre de 2020 ganó el Apruebo en ese plebiscito y en julio de 2021 se fundó la Convención.
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