El Gobierno de Gabriel Boric, que asume funciones este 11 de marzo, ya conoce los retos que deberá afrontar de manera inmediata, como la militarización del Wallmapu —territorio histórico mapuche—, la crisis migratoria y la crisis política y de representación que estalló el 18 de octubre de 2019.
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Por Alexis Polo González
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Ana María Gutiérrez Ibacache, magíster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, comenta que «los principales desafíos del Gobierno de Gabriel Boric se pueden dividir entre aquellos que requieren de una intervención estatal en el corto y largo plazo».
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Dentro de los desafíos que afrontará el Gobierno de Boric en el corto plazo destaca el conflicto y la militarización del Wallmapu, territorio histórico mapuche en lengua mapudungún, que abarca parte de las regiones de Bío Bío y La Araucanía, en el sur chileno.
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El pasado 8 de marzo la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por décima vez el estado de excepción constitucional de emergencia en el Wallmapu, a solo días de que Sebastián Piñera deje de ser el presidente de Chile. Esta nueva prórroga en la militarización de la zona podría ser anulada si así lo decidiera Gabriel Boric.
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Otro flanco militarizado por el Estado es el norte del país, específicamente en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, que según el Ejecutivo se produce «como consecuencia del preocupante aumento de ingresos clandestinos por las zonas fronterizas de la zona norte de nuestro país, lo que puede ser aprovechada por el crimen organizado transnacional».
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«En el corto plazo, la crisis migratoria y el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche requieren de acciones concretas que superen los estados de excepción decretados por el Gobierno de Piñera, en el norte y en el Wallmapu», señaló la académica Ana María Gutiérrez.
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«Estas medidas dan cuenta de la inacción del Estado, ya que solo han militarizado y profundizado ambas problemáticas», agregó.
La crisis migratoria
En Chile se vive una grave crisis migratoria en la Región de Tarapacá, específicamente en Iquique —a 1.757 kilómetros al norte de Santiago—, producto de la masiva llegada de migrantes venezolanos.
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Esta crisis migratoria que se vive en el norte del país desde el año 2019 ha desencadenado una grave crisis humanitaria en la ciudad fronteriza de Colchane e Iquique.
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Soledad López, integrante de Corriente Crítica, colectivo que nació tras la explosión social en Chile y que se define como una corriente de opinión política que aborda la coyuntura sociopolítica del país sudamericano, señaló que «Boric deberá enfrentar la oleada migratoria que afecta al país. Actualmente la migración ha sido presentada en muchos medios de comunicación como un acto criminal asociado a la delincuencia, lo que ha generado miedo y rechazo».
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«El Gobierno de Boric deberá abordar esta situación, siendo unos de los principales desafíos, se presume, la regularización de quienes ingresan. Además, deberá dialogar con los países vecinos y/o aplicar trabas para el ingreso y la expulsión, todo apelando a la dignidad de los migrantes», agregó.
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La crisis política
Luego del estallido de octubre de 2019, los distintos partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, firmaron el Acuerdo por la Paz y nueva Constitución para darle una salida institucional a la crisis social iniciada el 18 de octubre y que decantó en el actual proceso constituyente que vive el pueblo chileno.
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«El nuevo Gobierno de Boric representa la conciliación, a partir de la revuelta se abre un nuevo ciclo, donde la descomposición de la política representativa no daba más, donde la gente no ve respuesta a sus demandas», señaló Soledad López.
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«Boric precisamente plantea una salida institucional, una alternativa a la crisis y una importante captación del movimiento popular. Así es que será un Gobierno de consensos. Boric es básicamente la alternativa de reorganización del poder; la única posibilidad que el régimen tiene para retomar el orden y la calma», agregó.
La joven activista explica que el futuro Ejecutivo deberá gestionar la crisis política y económica que está abierta y que, «no se ha resuelto ni con el acuerdo por la paz, ni con los bonos, ni con los retiros previsionales«.
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© Foto : Gentileza Soledad López
La seguridad pública
La Administración Boric deberá afrontar y resolver los problemas en torno a la seguridad ciudadana, sobre todo el narcotráfico y la delincuencia, que han sido unas de las principales preocupaciones de la ciudadanía, específicamente por el aumento en los delitos violentos.
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Además, la institucionalidad, tanto la política como las fuerzas de orden, especialmente Carabineros de Chile, ha perdido confianza y legitimidad por parte de la ciudadanía por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a partir de octubre de 2019.
«El desafío es realizar una reforma estructural en estas instituciones, crear nuevas instituciones como un Ministerio para la Seguridad Pública, crear una Fiscalía Supraterritorial y nuevo Código Penal, así como trabajar en conjunto con las comunidades para recuperar los barrios prioritarios donde se concentra el narcotráfico», señaló la académica Ana María Gutiérrez.
Los desafíos a largo plazo
© Foto : Gentileza Ana María Gutiérrez Ibacache
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Chile vive un inédito proceso constituyente para el cual, por primera vez en su historia, el órgano redactor fue elegido de forma democrática y a través de elecciones libres. Este proceso, que busca garantizar los derechos sociales en la nueva constitución, también apunta a la creación de un estado de bienestar y garante de derechos.
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La académica Ana María Gutiérrez explicó que un desafío prioritario a largo plazo es la configuración de un estado de bienestar, a través de reformas que apunten a transformar al Estado en garante de derechos sociales de calidad.
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«Entre estas reformas se encuentra la de las pensiones, un sistema universal de salud, educación pública y gratuita, entre otras demandas que fueron bandera de lucha durante el estallido social. En este contexto, una reforma tributaria es condición indispensable para el financiamiento de estas políticas públicas, donde se posiciona el impuesto a los súper ricos como una de las estrategias», señaló Gutiérrez.
«Se debe destacar aquí, que si bien, el proceso constituyente en curso es independiente del rol del Gobierno, lo que se defina en la nueva constitución será esencial para avanzar hacia un Estado de bienestar y en la mayor parte de las reformas que el Gobierno de Boric se propone», agregó.
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La libertad de los presos de la revuelta
Un tema que fue complejo para Boric durante su campaña fue la libertad de los presos de la revuelta chilena y que algunos, incluso, llevan más de dos años en prisión preventiva a la espera de un juicio.
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En ese sentido, hay una ley que se encuentra tramitando en el Congreso Nacional que busca la amnistía de los detenidos en contextos de protestas. Sin embargo, esta no ha tenido una respuesta clara de ningún sector, menos del presidente electo.
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