SANTIAGO — El presidente de Chile, Gabriel Boric, otorgará suma urgencia al proyecto de ley que establece una amnistía para los manifestantes del estallido social que fueron detenidos o encarcelados, informó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.
.
«Hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia del proyecto de ley de amnistía, como se le ha llamado, que para nosotros es importante en materia de derechos humanos», señaló el ministro en conferencia de prensa.
.
Jackson aseguró que la medida fue conversada con agrupaciones de familiares de los presos del estallido y con algunas de las víctimas, señalando que la decisión se tomó «para revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido en nuestra sociedad».
.
«Por cierto, hay una primera deuda y misión respecto a conseguir la verdad y conseguir justicia respecto a los distintos casos que han ocurrido de violaciones a los derechos humanos», agregó.
Durante la conferencia el ministro estuvo acompañado de la senadora Fabiola Campillai, la primera parlamentaria ciega de Chile, quien perdió la vista luego de que un carabinero le disparara una granada lacrimógena en el rostro.
.
El proyecto, que en un principio ingresó al Congreso como un indulto y posteriormente fue mutando a una amnistía, establece la extinción de la responsabilidad de los manifestantes acusados de delitos durante manifestaciones, dejando fuera a aquellos acusados de cometer delitos graves o que pusieron en riesgo la vida de alguna persona.
.
El estallido social fue un movimiento de protestas ciudadanas originado el 18 de octubre de 2019 contra el sistema económico neoliberal, el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) y la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dando origen al actual proceso constituyente.
.
La represión ejercida por Carabineros y las Fuerzas Armadas durante las protestas dejó miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, ratificadas por organismos nacionales e internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
.
