Este 13 de abril, el pleno del órgano constituyente chileno decidió eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones. Sin embargo, rechazó las atribuciones que tendría esta cámara por tan solo un voto. Distintos convencionales acusaron a sus pares de romper el acuerdo alcanzado y las normas rechazadas volverán a la comisión.
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Por Alexis Polo González
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Fue el pasado 18 de marzo que el pleno de la Convención Constitucional rechazó casi en su totalidad el informe de la Comisión de Sistema Político que proponía eliminar el Senado. Luego las distintas colectividades, a excepción de los partidos conservadores, trabajaron durante semanas un gran acuerdo para darle una nueva institucionalidad al país.
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Bárbara Sepúlveda, vicepresidenta adjunta del órgano constituyente, explicó que la institución tal cual la conocemos hoy deja de existir.
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«Queremos una representación real de las regiones y hemos trabajado en conjunto y en sintonía con lo que ya está aprobado sobre Estado regional, es decir, una propuesta que incorpora a todas las regiones de forma iguales», señaló Sepúlveda.
«La política es tremendamente necesaria para tener contrapesos a nivel territorial de decisiones que mayoritariamente, si no existiera esta cámara, podrían ser tomadas por una sobre representación de la Región Metropolitana [donde se encuentra la capital chilena]», agregó.
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Una Cámara sin atribuciones
Durante la tarde del 13 de abril, la Convención decidió eliminar el Senado y dotar al poder Legislativo de una Cámara de las Regiones, el cual será un «órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución».
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Sin embargo, el pleno de la Convención no alcanzó el cuórum necesario de dos tercios —es decir 103 votos, de los cuales obtuvo 102— para dotar a la cámara de atribuciones tales como:
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Presupuestos.
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aprobación de estatuto regional.
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Regulación de órganos y entidades territoriales.
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División político-administrativa del país.
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Distribución fiscal y presupuestaria.
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Creación de empresas públicas regionales.
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Planificación territorial y urbanística.
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Protección del medio ambiente.
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Organización y funcionamiento del Poder Legislativo.
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Reformas constitucionales al Servicio Electoral y la Contraloría General de la República
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Regulación de votos, escrutinios y organizaciones políticas.
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La convencional Vanessa Hoppe, parte de los Movimientos Sociales Constituyentes, señaló que «estas normas son producto de un consenso, de acuerdos, que deberían haber alcanzado los dos tercios y en ese sentido existen acá palabras empeñadas que no se han respetado«.
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«La creación de las cámaras territoriales también era producto de un acuerdo que se había alcanzado para efectos también, en teoría, de dar representación a las regiones. Es imposible entender una cámara territorial en donde no haya participación de los territorios en aquello. Nos parece bastante incoherente el hecho de que no estén estas atribuciones», agregó Hoppe.
El «gran acuerdo» que se cayó
El gran acuerdo para establecer un bicameralismo ajustado, en donde el Congreso de Diputadas y Diputados sería quien redactara las leyes y la Cámara de las Regiones el encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional, se cayó en el pleno del órgano al ser rechazado los artículos que daban las atribuciones a ambas cámaras.
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La propuesta —surgida del acuerdo suscrito por Chile Digno, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Popular, independientes y otros colectivos— no fue respetada por los integrantes del Partido Socialista e Independientes no Neutrales, lo que trajo la molestia de sus pares.
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«La verdad es que nosotros, desde un comienzo, somos unicameralistas, creemos que el país economizaría bastante al tener solo una cámara y también sería mucho menos burocrático el trámite de la creación de las leyes. Sin embargo, apoyamos un acuerdo que otros no respetaron», comentó Hoppe al respecto. La convencional deslizó fuertes críticas a sus pares que no respetaron el acuerdo.
Quien apuntó también sus dardos al Partido Socialista fue la vicepresidenta adjunta, Bárbara Sepúlveda, quien ironizó señalando que «quizás deberíamos pedirle el número de Ricardo Lagos [expresidente de Chile entre el 2000 y 2006], o de José Miguel Insulza [histórico militante del Partido Socialista y quien fue Secretario General de la Organización de Estados Americanos entre el 2005 y 2015] para saber con quiénes tenemos que llegar a acuerdos«.
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© Foto : Gentileza Bárbara Sepúlveda
Un sistema legislativo sin paridad
El pleno del órgano rechazó también el artículo 5 del informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político, el cual señala que «el Congreso de Diputadas y Diputados será paritario, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su composición sean mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias».
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Hoppe explicó que para las feministas es sumamente grave que no se hayan aprobado las normas de la democracia paritaria.
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«No podemos pensar en una nueva Constitución para Chile que no considere a las mujeres, a las identidades trans y no binarias, sin eso no se puede llamar una Constitución inclusiva. Estoy muy decepcionada, muy triste, puesto que si no podemos confiar en la palabra de los compañeros, no podemos estar trabajando y llegando a acuerdos, puesto que eso significa que se pueden caer», indicó la convencional de los Movimientos Sociales Constituyentes.
«Esperemos que estas normas puedan volver y puedan consensuar de una manera en que puedan aprobarse, de lo contrario tenemos normas que están inconexas y no se entiende», finalizó.
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