El 13 de abril, la Convención Constitucional chilena decidió eliminar el Senado y crear una Cámara de las Regiones para descentralizar y darle mayor autonomía a los territorios. Las críticas, especialmente de figuras de la ex-Concertación, han recaído sobre el órgano constituyente e incluso han planteado que no sería malo un triunfo del «rechazo».
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Por Alexis Polo González
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El proceso constituyente chileno no podría entenderse sin la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 y las demandas de millones de chilenos que se manifestaron a lo largo de todo el país en contra de las desigualdades y el encarecimiento de la vida. Asimismo, otro gatillante importante para dicha explosión social fue, y sigue siendo, la desconfianza en el Congreso.
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Desde al menos 2017 el porcentaje de ciudadanos que confía en el Congreso jamás ha sobrepasado el 8%, según las encuestas realizadas por Centro de Estudios Públicos (CEP).
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El sociólogo de la Universidad de Chile Camilo Godoy comentó que «una de las causas del estallido, uno de los apartados que podría explicar la movilización, es la pérdida de confianza en las instituciones. En Chile tenemos una confianza muy baja en las instituciones en comparación con el resto de América Latina».
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«Desde el 2017 hasta ahora que el Poder Legislativo es una entidad que se evalúa negativamente en general. Aquí salen personas del mismo Senado señalando por qué debe seguir existiendo, al mismo tiempo que han boicoteado el intento de mayor autonomía local a lo largo de la historia y consolidaron la aristocracia y oligarquía santiaguina que concentran el poder económico y político», agregó.
Otro aspecto importante, que fue destacado en la discusión constituyente, era el alto costo de mantener el Senado. El salario de un senador equivale al de un ministro de Estado. El monto bruto actual es de $7.012.388 de pesos chilenos (8.625 dólares) a lo que se le suman las asignaciones que sobrepasan los 20 millones de pesos mensualmente (26.000 dólares aproximadamente).
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El ataque de las figuras de la ex-Concertación
La Concertación de Partidos por la Democracia fue una coalición de partidos políticos de centroizquierda y centro que gobernó el país entre el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010, siendo la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS) sus partidos hegemónicos y donde hoy se encuentran los principales detractores a la eliminación del Senado.
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Entre quienes se mostraron contrarios a la eliminación del Senado destacan los senadores José Miguel Insulza (exPS) y la expresidenta del Senado Ximena Rincón (DC), quien señaló a un medio local que «no creo que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República construida entre muchas generaciones por más de 200 años».
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Otra figura de la ex-Concertación que causó revuelo por sus declaraciones fue el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien en una entrevista con una radio chilena se mostró disconforme con el trabajo de la Convención, especialmente acerca de las normas sobre el Poder Judicial, la eliminación del Senado, y la que establece al país como un Estado Plurinacional.
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Aunque mostró una postura a favor del Apruebo, sobre un eventual triunfo del Rechazo Lagos dijo una de las declaraciones más controversiales de la entrevista: «Si gana, la Constitución que empezaría a regir es la que lleva mi firma. Le diría al presidente Boric que se actualice, no es una Constitución hecha por cuatro generales. Nos costó seis años de gobierno llevar a cabo esas reformas».
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«El expresidente Ricardo Lagos, insinuando la posibilidad de que no sería tan malo que se rechazara el proyecto de nueva Constitución, puesto que según él la Constitución vigente lleva su firma por las reformas constitucionales del 2005, desconoce el carácter neoliberal y autoritario de la misma», señaló el convencional Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) y uno de los articuladores del acuerdo al interior de la Comisión de Sistema Político que puso fin al Senado.
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«Es muy evidente que los dos acuerdos que se han propiciado al interior de la comisión han tenido interferencias externas a la Convención Constitucional, y esas interferencias han sido propias del establishment de los senadores en ejercicio, del expresidente Ricardo Lagos y que han presionado a través de los medios de comunicación la continuidad del Senado», agregó Barraza.
En esa misma línea, Camilo Godoy explicó que dentro de las élite económica existe una estrategia de captura de los medios de comunicación y que se podría configurar, según el sociólogo, una continuidad de la franja del rechazo, ya que ha desinformado acerca de las discusiones al interior del órgano constituyente con el propósito de «boicotear el trabajo constituyente».
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El sociólogo ejemplifica su afirmación señalando que durante las discusiones televisivas que se han dado acerca de la eliminación del Senado, nunca se ha entrevistado a la senadora Fabiola Campillai, quien obtuvo la primera mayoría a nivel nacional en la elección del pasado 21 de noviembre de 2019, y que se ha mostrado a favor de eliminar la Cámara.
«Lo que se busca es silenciar las voces disidentes y se transforma en un actuar en bloque de la élite económica y política de sectores de la ex-Concertación, centro derecha y ultraderecha. En el fondo, los procesos de captura de medios de comunicación se generan y potencian en escenarios donde la élite considera que el statu quo puede ser modificado», señaló Godoy.
«La Convención para la élite es un órgano peligroso y amenazante, puesto que tiene la posibilidad de reconfigurar las relaciones de poder que nos han regido históricamente», complementó.
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«El fin del Senado no les agrada»
Barraza explicó que la posición de las figuras de la ex-Concertación es más bien de nostalgia por los años durante los cuales ellos gobernaron el país.
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«No saben hacer política en un contexto distinto al que no sea la democracia de los acuerdos con la derecha y, en definitiva, se sienten absolutamente incómodos con las transformaciones que el país está experimentando», agregó.
«El fin del Senado no les agrada porque es el fin de las élites, es el fin de los espacios oligárquicos y su proceder está orientando a desestimar las transformaciones que estamos cursando, a obstaculizarlas o en su defecto mitigarlas al máximo», finalizó Barraza.
A pesar de las interferencias externas al órgano constituyente, el pleno aprobó cerca del 60% de la propuesta de la Comisión de Sistema Político, como por ejemplo la creación del Congreso de Diputadas y Diputados, el fin del Senado y la creación de la Cámara de las Regiones. Esta última carece aún de atribuciones y se espera que en la semana del 25 de abril la comisión devuelva al pleno las normas rechazadas para que sea votada una segunda propuesta.
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