La Convención Constituyente, que inició sus labores el 4 de julio del 2021, se encuentra deliberando una serie de normas y pese a que aún no hay una propuesta final, la carta magna en elaboración se diferencia radicalmente de la constitución actual, diseñada por la dictadura cívico-militar (1973-1990).
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Por Alexis Polo González
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La convencional Bessy Gallardo, independiente y parte de Chile Digno, comentó que la gran diferencia que tiene la actual carta magna con el proyecto de nueva constitución «es que la Constitución del 80 nace del golpe de Estado y esta Convención nace desde un plebiscito de entrada que da paso a que haya un proceso constituyente que es democrático con 155 convencionales elegidos democráticamente por la ciudadanía».
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En esa misma línea, el convencional Daniel Stingo, Independiente y miembro del Frente Amplio, comentó que «la principal deferencia entre la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, la Constitución de Jaime Guzmán y la Constitución que estamos aprobando ahora es el origen».
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«El origen de esta constitución es popular, son elegidos los constituyentes y en aquella Constitución del 80 fue el propio dictador quien escogió a ocho personas para hacerlas. Además, la Constitución del 80 tuvo un plebiscito muy turbio que ni siquiera reunía las condiciones para que fuera una consulta ciudadana, ya que ni siquiera había registros electorales», agregó.
El origen de la Constitución del 80
El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido, el socialista Salvador Allende (1970 -1973).
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Ya instalada en el edificio Diego Portales, la Junta Militar, mediante los Decretos Leyes Nº 1, N° 128 y N° 788, se atribuyó el poder constituyente y eliminó la Constitución de 1925 y el sistema institucional que la acompañaba.
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13 días después del bombardeo al Palacio de La Moneda y mientras las Fuerzas Armadas perseguían, torturaban y asesinaban a adherentes del caído Gobierno, la Comisión de Estudios de la nueva Constitución Política del Estado, se reunía para plasmar en la carta magna los ideales e intereses del nuevo poder fáctico. Esta instancia fue integrada por miembros de exclusiva confianza de la dictadura cívico-militar.
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El origen de la Convención Constitucional
El 15 de noviembre de 2019, los partidos políticos chilenos, a excepción del Partido Comunista, decidieron darle una salida institucional a la grave crisis social y de gobernabilidad que vivía el país desde hace un mes. El acuerdo consistía en la realización del un plebiscito para que la ciudadanía eligiera si quería cambiar la actual Constitución y bajo qué modalidad: una Convención Constituyente o una Convención Mixta.
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En el plebiscito que se desarrolló el 25 de octubre de 2020, la opción «Apruebo» a una nueva Constitución obtuvo el 78,27% de las preferencias, mientras que la opción «Convención Constitucional», como órgano encargado de redactarla, fue la vencedora con el 78,99% de los votos.
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La Convención Constituyente se instaló el 4 de julio de 2021 y cuenta con 12 meses para presentarle al país una propuesta de nueva Constitución.
Estado subsidiario vs. Estado decmocrático, social de derechos propuesta de nueva constitución
© Sputnik / Alexis Polo González
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El rol del Estado es otro punto que diferencia la Constitución del ochenta con la propuesta de nueva Constitución que se encuentra elaborando la Convención.
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El Artículo 19 de la carta magna elaborada por la dictadura cívico-militar establece que el Estado tendrá un rol subsidiario, mediante el cual se retira de la entrega de servicios sociales y los deja en manos de privados, para intervenir solo si fuera necesario.
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Por otro lado, el rol del Estado aprobado por la Convención establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.
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La nueva propuesta constitucional también señala que Chile «se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza».
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© Sputnik / Alexis Polo González
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El convencional Daniel Stingo comentó que con esta propuesta de nueva constitución «se termina con el Estado subsidiario, el Estado en Chile no se responsabilizaba de los derechos sociales, ni de la salud, educación, pensiones ni del agua, el agua era privada. Ahora, estamos reconociendo derechos sociales y el Estado en Chile será una democrático, social y de derecho».
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«El Estado subsidiario que permite a los particulares hacer todo como un negocio, educación, salud, negocio, etc. Este proyecto de nueva Constitución establece un Estado social y democrático de derechos y es una diferencia sustantiva», complementó Bessy Gallardo.
Diferencias entre la Constitución del 80 y la propuesta de nueva constitución
La Constitución de 1980 estableció un modelo de «democracia protegida«. Se dispuso de la existencia de senadores designados y vitalicios, e incluso el dictador Augusto Pinochet (1915-2006) ocupó un puesto en el Senado.
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La Constitución del 80 le dio la facultad el presidente para disolver por una vez la Cámara de Diputados. Creó el Consejo de Seguridad Nacional y dispuso la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos, partidos políticos, destinados a «propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnan la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases», eran algunas de las disposiciones de la carta magna, las que han sido modificadas o derogadas.
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En el plebiscito del 11 de septiembre de 1980 un 65,71% de los votantes se pronunció a favor de la actual Constitución. Sin embargo, la ausencia de registros electorales y la restricción de las libertades públicas pusieron en cuestión la legitimidad de los resultados. La Carta Fundamental entró en vigor el 11 de marzo de 1981.
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A diferencia de la carta magna del ochenta, la Convención Constitucional ha aprobado una serie de normas —hasta la fecha van más de 300 artículos aprobados para la propuesta de nueva Constitución— que buscan consagrar los derechos sociales que se exigieron con fuerza a partir del 18 de octubre de 2019, entre ellos, salud, educación, pensiones, y vivienda digna.
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La convención Constitucional deberá presentar el 4 de julio la propuesta de nueva Constitución al país y será la ciudadanía quien decidirá si aprueba o no la nueva Constitución en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre de 2022.
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