BOGOTÁ (Sputnik) — La oficina de la ONU para los derechos humanos en Colombia pidió este jueves que se avance en las investigaciones sobre presuntos abusos cometidos por la fuerza pública durante protestas de 2021.
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«Reiteramos la importancia de avanzar en investigaciones –penales y disciplinarias- independientes, imparciales, exhaustivas y transparentes con relación a las denuncias de abusos de la fuerza pública y de terceros, ocurridos en el marco de las protestas», afirmó en su cuenta de Twitter.
Hoy #28A recordamos a las personas que perdieron la vida y sufrieron graves afectaciones en las protestas de #2021. Acompañamos a los familiares de las víctimas en su búsqueda de #Verdad, #Justicia, #Reparación y #NoRepetición. La protesta pacífica es un derecho humano. #Hilo 1/6
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) April 28, 2022
La oficina de derechos humanos de la ONU, en una audiencia pública de la Corte Constitucional, aseguró que de 100 casos de líderes sociales muertos, 33 fueron asesinados en el marco de las protestas sociales.
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«La protesta pacífica es un derecho humano. Colombia goza de un marco legal para la protección del derecho a la reunión pacífica. Recordamos que es necesario reforzar los métodos de gestión democrática, parar asegurar el pleno ejercicio de este derecho que debe ser protegido por el Estado, incluso de acciones de terceros», agregó.
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Consideró que es necesario un «cambio profundo» de la gestión de las movilizaciones en Colombia.
«El diálogo debe convertirse en la base de la gestión de la protesta y se debe evitar la estigmatización de la manifestación», afirmó.
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El país vivió el año pasado las más fuertes protestas antigubernamentales de su historia reciente, en el marco del llamado Paro Nacional, que empezó el 28 de abril y finalizó a mitad de año.
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Las manifestaciones, que estallaron por una reforma tributaria impulsada por el Gobierno (que gravaba la canasta familiar en plena pandemia), dejaron decenas de muertos, desaparecidos, actos vandálicos y abuso policial.
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Según la organización no gubernamental (ONG) Centro de Investigación y Educación de la Población (CINEP), del 1 de enero al 26 de agosto del año pasado hubo 28 casos de «muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales».
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