La Constituyente chilena aprobó las atribuciones que tendrá la Cámara de las Regiones, que reemplazará al actual Senado, y el artículo sobre democracia paritaria. Ambas propuestas habían sido rechazadas el pasado 13 de abril; esta vez fueron aprobadas y pasaron al borrador de la nueva constitución.
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por Alexis Polo González
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El 13 de abril la Convención decidió eliminar el Senado y dotar al poder Legislativo de una Cámara de las Regiones. Esta nueva cámara será un «órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución».
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La convencional Carolina Videla comentó respecto al término del Senado: «Nos parece que es uno de los tremendos hitos de este proceso constituyente para la nueva constitución, puesto que cambia la forma de hacer política y de legislar para el pueblo de Chile, para lo que la gente realmente necesita y terminar con estas lógicas de los proyectos que duermen por más de 10 años en el Senado, más de lo que dura un senador en un periodo [8 años]».
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Sin embargo, en aquella oportunidad el pleno de la Convención no alcanzó el cuórum necesario de dos tercios —es decir 103 votos, de los cuales obtuvo 102— para dotar a la cámara de atribuciones.
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© Sputnik / Alexis Polo González
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La importancia de la votación de este 6 de mayo radicaba en que si el pleno rechazaba la segunda propuesta de la Comisión de Sistema de Político en torno a las atribuciones de la Cámara de las Regiones, hubiese sido el Congreso Nacional quien hubiera dotado de facultades a esta nueva cámara.
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Tras el acuerdo llegado por los distintos colectivos, a excepción de los sectores de la derecha y la Democracia Cristiana, el pleno de la Convención dotó de atribuciones a la cámara este viernes 6, para así avanzar hacia un bicameralismo asimétrico en el sistema legislativo chileno.
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«El acuerdo buscó comprender, y lograr que se comprendiera, que para desconcentrar el poder esta expresión que se establece en la Cámara de las Regiones es una muestra clara de cómo los territorios también pueden decidir, y ahora van a poder decidir, respecto de su desarrollo y todo lo que tiene que ver con la vida de la ciudadanía en definitiva», comentó Videla.
El artículo 28, aprobado por 111 votos a favor, 23 en contra y 13 abstenciones, establece que las atribuciones de la Cámara de las Regiones son solo las «leyes de acuerdo regional las que reformen la Constitución; las que regulen la organización, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; las que regulen los estados de excepción constitucional; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad».
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Asimismo, el artículo establece que son leyes de acuerdo regional «las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda; la de Presupuestos; las que aprueben el Estatuto Regional; las que regulen la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales».
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El pleno del órgano estableció también que «si se generase un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados con relación a si una o más materias dispuestas en este artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría simple de sus miembros y el Congreso lo ratificará por mayoría simple».
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Además, se estableció que en caso de que el Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, «esta podrá recurrir a la Corte Constitucional por acuerdo de mayoría simple».
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Una democracia paritaria
Una de las primeras normas aprobadas por el pleno de la Convención es la que dice relación con la democracia paritaria. El artículo fue votado inciso por inciso y todos fueron aprobados.
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.El primer inciso establece que el «Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía».
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.Su segundo inciso señala que «todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres».
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.El tercer inciso establece que «el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley».
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.Finalmente, su inciso cuarto señala que el «Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados» y contó con el respaldo de 108 convencionales.
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Para la convencional Vanessa Hoppe, «estamos profundizando la democracia y la aprobación de sistema político con esta norma de democracia paritaria, de alguna manera ya nos da la sensación de que ya estamos cerrando la Constitución feminista que vinimos a lograr y que la hemos ido construyendo de a poco en las distintas comisiones».
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«Hoy logramos instalar, precisamente, que ya el ‘nunca más sin nosotras’ deja de ser un sueño, una aspiración y hoy se concreta en un mandato al Estado. Por tanto, nos da la seguridad de que efectivamente se va a cumplir y ya no se va a poder sustraer a las mujeres de las tomas de decisiones importantes a nivel del Estado y esperemos que esto también permee a lo privado», finalizó Hoppe.
Tanto la Cámara de las Regiones, con sus respectivas atribuciones, y la Democracia Paritaria pasaron al borrador de nueva constitución al obtener los dos tercios del cuórum calificado del órgano. Estas normas serán presentadas el próximo 16 de mayo en la ciudad nortina de Antofagasta en conjunto con todos los artículos ya aprobados y será la ciudadanía quien decidirá el próximo 4 de septiembre si rechaza o aprueba la nueva carta magna en el plebiscito de salida.
