El 7 de mayo, el pleno de la Convención Constitucional chilena deliberó el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde fueron aprobados los artículos que consagran el dominio absoluto y exclusivo de los recursos minerales y la desprivatización del agua.
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por Alexis Polo González
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Ambas normas pasaron al borrador de nueva Constitución que será entregada al país el próximo 4 de julio.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990) se aprobó la ley 1.809 titulada Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras que pasó los yacimientos de minerales a ser Concesiones Plenas.
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Esto implicó que los recursos naturales pasaron a ser propiedad del que obtuviera la concesión para explotarlos, hasta el momento en que se agotara el yacimiento.
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Si en 1973 el 100% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, hoy solo el 30% está bajo control estatal a través de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).
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El pleno de la Convención Constitucional aprobó la jornada de este 7 de mayo que «el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas».
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Tras la aprobación del artículo, la convencional Ivanna Olivares señaló que «finalmente se consagra la soberanía imprescriptible e inalienable del Estado sobre todos los bienes naturales minerales, sustancias mineras y minas que están dentro del territorio nacional».
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El pleno del órgano también aprobó el inciso que establece que «la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental».
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Así mismo, el pleno estableció que «el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros».
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Olivares señaló, respecto a las concesiones otorgadas por la dictadura que «nosotros vamos a acabar esa propiedad sobre las concesiones a través de la figura de las autorizaciones administrativas y con esa fórmula el Estado podrá tener mayor control sobre lo que se explota, cómo se explota y también tener control por lo que se vende».
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«Lo que tenemos que generar ahora es configurar cuál va a ser la estructura jurídica sobre el otorgamiento de permisos en relación con la actividad minera. Creemos que es súper difícil poder alcanzar un proceso de nacionalización soberana donde el Estado se haga 100% propietaria y administre en su totalidad las mineras que actualmente son transnacionales», finalizó la constituyente Ivanna Olivares.
Otro artículo que contenía el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico era acerca del estatus constitucional del agua y también fue aprobado por el pleno del órgano constituyente.
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El último pasó para la desprivatización del agua
La privatización del agua en Chile se produjo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y la Constitución de 1980 consagró la propiedad privada de este recurso fundamental. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, durante los gobiernos venideros, puesto que también se privatizó el saneamiento de esta.
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La sequía que aqueja a vastas zonas al país y el dispar acceso al agua que se traduce en 383.204 viviendas del sector rural que no cuentan con agua potable, dejan de manifiesto el desigual acceso al líquido vital.
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La norma aprobada por el pleno de la Convención señala que «el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza».
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«Nosotras estamos muy contentas, estamos muy felices porque llevamos más de una década luchando por las aguas, por terminar con el sufrimiento que provoca la privatización de las aguas y hoy hemos aprobado el estatuto constitucional de estas», señaló la convencional Carolina Vilches.
Así mismo, la constituyente estableció que siempre se prevalecerá́ el ejercicio «del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas».
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Finalmente, el pleno del órgano constituyente aprobó el inciso en que se establece en que se el «Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento.
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«El artículo es uno de los que peleé personalmente, ¿por qué? Porque las autorizaciones deben estar sujetas a la disponibilidad efectiva de las aguas y terminar con el sobre otorgamiento de los derechos del agua. Es decir, el Estado no puede cometer nunca más la irresponsabilidad de entregar aguas que no existen materialmente», comentó Vilches.
La Agencia Nacional del Agua es organismo creado por la Convención el pasado 3 de mayo. Se estableció que este será «un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se organizará desconcentradamente».
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Así mismo, el objetivo de la agencia «es asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados».
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Finalmente, la convencional Carolina Vilches señaló que «el negocio de la venta de agua es un negocio inescrupuloso que ha llenado los bolsillos de unos pocos a costa del sufrimiento de Chile y es por eso por lo que aprobamos y celebramos que se haya metido este artículo en la nueva Constitución».
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Tanto el artículo acerca de la exclusividad de los recursos mineros y el estatus constitucional del agua pasaron al borrador de nueva constitución que presentará al país la constituyente el próximo 4 de julio.
