El actual proceso de reforma constitucional en Chile ha aumentado la incertidumbre política y económica, desincentivando los planes de crecimiento de las empresas en el país, opina Fitch Ratings. Si bien la agencia no espera que sus clasificaciones se vean afectadas en el corto plazo, las reformas han aumentado los riesgos a largo plazo, ya que podrían incrementar los requerimientos para desarrollar proyectos en el país, incluyendo la obtención de aprobaciones de estos, debilitar los derechos de propiedad y reducir la disponibilidad de financiación local debido a los cambios en el sistema de pensiones. Si se aprueba la nueva Constitución Política, su aplicación requerirá una legislación de apoyo que llevará tiempo, lo cual ampliaría el período de incertidumbre.
Las empresas chilenas han moderado sus estrategias de crecimiento para reflejar estas incertidumbres. Fitch estima que estos recortes de inversión de capital (capex; capital expenditure) se harán más evidentes en el largo plazo debido a los rezagos en la planificación y ejecución de los proyectos. Esto afectará al crecimiento económico y al empleo, presionando a muchas empresas. Muchas compañías buscarán más oportunidades de crecimiento en el exterior.
La nueva Constitución Política transformará un entorno favorable a las empresas en otro más centrado en lo social. Los cambios podrían afectar a las empresas, sobre todo en los sectores minero y forestal, disuadiéndolas de realizar inversiones grandes a largo plazo. Las posibles preocupaciones incluyen un papel cada vez más importante de los grupos indígenas en la aprobación de proyectos nuevos, cambios en los derechos de propiedad, con términos poco claros de compensación si se expropia un activo, y cambios en el estatus del agua, que eliminan la capacidad de comercializar los derechos de agua, e introducen la necesidad de obtener autorizaciones temporales de una nueva agencia gubernamental para el uso de dicho recurso.
Los cambios en la regulación del agua podrían afectar a sectores como la agroindustria, acuicultura, minería y electricidad. La revalorización de los activos de las empresas como consecuencia de los cambios podría afectar sus resguardos financieros. Sin embargo, Fitch considera que el uso prioritario del agua para el consumo humano garantizará el suministro y la continuidad del negocio de las empresas sanitarias. En el sector minero, que es clave para la economía chilena, es probable que las grandes empresas clasificadas por Fitch sigan invirtiendo en plantas de desalinización y agua reciclada para reducir el uso de agua dulce con el fin de disminuir la incertidumbre sobre el acceso futuro al agua.
Los cambios en el sistema de pensiones chileno podrían afectar la capacidad de las empresas nacionales para obtener financiamiento en el mercado local. El sistema actual fomenta el ahorro nacional y es la principal fuente de financiamiento local para los proyectos de inversión a largo plazo que utilizan muchas empresas del país. Los activos del sistema de pensiones equivalen a cerca de 60% del PIB chileno. Los detalles sobre el futuro sistema contenidos en la nueva Constitución Política son vagos, no obstante, los cambios descartarían la continuación del actual sistema de pensiones, gestionado por empresas privadas.
