Académico de la Universidad San Sebastián explica los efectos psicológicos de la violencia intrafamiliar y los resguardos legales que existen para proteger a niños, niñas y adolescentes.
SANTIAGO – Pese a los esfuerzos que se han hecho por proteger los derechos de la infancia, aún falta mucho por hacer. Según estudios de la UNICEF, seis millones de niños y niñas en América Latina son agredidos por sus padres o parientes.
El psicólogo César Ojeda, académico y director del Postítulo en Psicología Jurídica en el Procedimiento de Familia y Derechos de la Infancia, de la Universidad San Sebastián, comenta los efectos de la violencia en los menores. “Presentan inestabilidad emocional, dificultades para regular el control de la ira, un autoconcepto negativo y déficit en funciones ejecutivas, en comparación con otros menores sin historia de maltrato familiar” y agrega que “a mayor gravedad de la violencia presenciada, mayor inestabilidad emocional”.
“Esto nos obliga a trabajar por una sociedad en la que se generen condiciones de vida familiar libre de violencia, para proyectarnos con mejores indicadores de salud mental adulta, pues está claro que, a largo plazo, la violencia causa estragos en todos los niveles del desarrollo psicoemocional; y este daño evoluciona en una variedad de patologías físicas y mentales”, señala Ojeda.
Resguardo legal de la infancia
Según explica el académico, las exigencias establecidas en los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito nuestro país buscan garantizar las condiciones de vida adecuadas para la supervivencia y desarrollo de los niños, velando por alcanzar condiciones de mayor seguridad, estabilidad y protección de la infancia.
“Nuestro telón de fondo es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de tal modo que aquella violencia que afecte de forma gravitante sus derechos debe ser resguardada por el Estado, en tanto protección administrativa o judicial”, sostiene el docente.
Recientemente, se publicó en Chile la Ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que tiene que ver con las instancias orientadas a atender las dificultades que se presentan para los menores, visualizando la protección administrativa que debe otorgar el Estado y que se tramitan o vinculan con las oficinas locales de la niñez.
Respecto a la Ley de Violencia Intrafamiliar vigente, Ojeda señala que requiere actualizarse, en tanto no permite distinguir con claridad entre los tipos de violencia existentes, los sujetos que figuran como víctimas y la necesaria modificación de sanciones que se deben establecer para reparar a las víctimas de violencia de género y, dentro de ello, incluir a los niños como víctimas de esta violencia.
“Creo que hay que perfeccionar la ley nacional, actualizando parangones a la luz de los cambios que han existido en la sociedad. Tiene que haber una correlación, una coherencia con las últimas leyes que se han ido estableciendo, entregando herramientas que permitan un abordaje más integral y garanticen el adecuado resguardo y atención a las víctimas de este flagelo”, agrega el académico.
