El presidente chileno, Gabriel Boric, solicitó al Congreso aprobar una ley que permita avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas de fuego en el país sudamericano. Una propuesta que revela un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades como a la ciudadanía: el aumento de las armas ilegales en Chile.
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Por Carolina Trejo Vidal
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Distintos hechos delictivos con uso de armas de fuego han marcado la agenda noticiosa en los últimos meses en Chile. Desde el asesinato de la reportera comunitaria Francisca Sandoval, en la marcha del Primero de mayo, hasta la muerte del funcionario de Carabineros David Florido a causa de un disparo, a los que se suman robos y asaltos en la vía pública o en propiedad privada.
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«Este año tenemos un aumento importante de los homicidios cometidos con armas de fuego, entonces efectivamente nosotros tenemos indicadores objetivos de que hay un aumento de la utilización de armas de fuego por parte de grupos criminales y de sujetos que cometen delitos en general, distintos tipos de delito», señala la doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona y analista criminal del Ministerio Público, Javiera Díaz.
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«No estamos hablando de que las armas son solo utilizadas por la criminalidad organizada, por el narcotráfico o sujetos que tienen una planificación criminal más acabada, sino que también las armas están siendo utilizadas por la delincuencia común, el delito de oportunidad», detalla.
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Datos de la División de Seguridad Pública de la subsecretaría de Interior de Chile, confirman este incremento: en 2019 un 43% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego; en 2021 fue un 51% y entre enero y abril de este año la cifra subió al 60%.
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Por su parte, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), encargada de normar y fiscalizar la venta de armas en el país sudamericano y dependiente del Ministerio de Defensa de Chile, informó que en la última década ha existido una tendencia al alza en la inscripción de armas en Chile, siendo el 2021 el año con la mayor inscripción, cuando se llegaron a las 8.173 armas inscritas.
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Una cifra que eleva a un total de 765.817 la cantidad de armas inscritas en el país sudamericano, donde las escopetas representan el 35% y los revólveres el 32%. El 93% de estas armas pertenecen a hombres y un 7% de mujeres. La inscripción de armas se concentra mayormente en la Región Metropolitana donde se ubica la capital, Santiago.
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La inscripción y tenencia de armas está permitida en Chile bajo ciertas condiciones. «Existe todo un procedimiento para la compra de armas, tú necesitas una serie de requisitos para adquirir el arma, entre ellos no haber tenido condenas por algún delito, estar inscrito en un club de tiro, haber pasado por un examen psicológico-psiquiátrico para comprar y acceder a un arma», puntualiza Díaz.
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Además, el arma debe permanecer siempre en un domicilio o un lugar privado, determinado durante la correspondiente inscripción ante la autoridad competente, y su uso se limita a la defensa personal y actividades deportivas o de caza.
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El porte de armas de fuego está prácticamente prohibido, por tanto el arma inscrita no puede ser sacada del domicilio o lugar donde se declaró que se usaría, a menos que se pida un permiso a las autoridades para su traslado.
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«Yo heredé mi arma de mi abuelo, que había sido carabinero, y la inscribí para tenerla legalmente. Fue un enorme papeleo, incluso tuve que meterme a un club de tiro, para que me enseñaran a usarla, y la verdad es que la tengo siempre guardada, porque me explicaron que no la puedo andar trayendo sin permiso», cuenta Adriana Castillo, nutricionista de 32 años.
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No obstante todos estos requerimientos, distintas autoridades, incluida la ministra del Interior Izkia Siches, han establecido que varias de estas armas legales están vinculadas a delitos cometidos en Chile.
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«Tenemos indicios de que gran parte de los delitos armados y homicidios son cometidos con armas de fuego legalmente inscritas», afirmó Siches al inicio de la reunión de coordinación intersectorial para conformar el Equipo de Tarea para el Control de Armas.
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La opinión de Siches es compartida por Javiera Díaz, quien sostiene que «desde los estudios y datos estadísticos podemos decir que en Chile la mayoría de las armas incautadas son armas de fuego convencionales, adquiridas en el comercio legal y que han sido desviadas al comercio ilegal».
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Otros estudios, sin estadísticas oficiales, hablan de la existencia de entre 60.000 y 200.000 armas ilegales en Chile, muchas de ellas hechizas o modificadas, junto con aquellas que han pasado de la condición de arma lícita a una ilícita, como lo detalla el propio Ministerio Público.
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«De las armas inscritas legalmente tenemos que desde el año 2005 al año 2020 se han denunciado como extraviadas 35.231, que podríamos estimar que se encuentran en el mercado ilegal. Por otra parte, desde el año 2005 hasta el año 2020, se han denunciado como robadas 23.775, que podríamos suponer que también se encuentran en el mercado ilegal. Y desde 2015 hasta el año 2020, se han denunciado como hurtadas 1.022 armas», detalla la analista de organismo persecutor.
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Díaz añade que «tenemos alrededor de 60.000 armas que actualmente se encontrarían en el mercado ilegal producto de estas figurativas, lo cual es una cifra bastante alta».
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Además, la analista y abogada advierte que «personas compran armas, las dan por extraviadas, y por lo tanto tienen que comprar otra arma. El punto es que no existe una fiscalización o una alerta temprana de personas que tengan una gran cantidad de armas en esas situaciones, de que han comprado y después no la tienen en su poder porque la perdieron, extraviaron o hurtaron».
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Las fuentes del mercado ilegal de armas
A partir de estas estadísticas, Javiera Díaz sostiene que existen cinco fuentes principales de «ingreso de armas al mercado ilegal o a bandas criminales o a sujetos que cometen delitos». La primera es el contrabando interno, como se ha hecho referencia, donde «las armas adquiridas en el comercio legal son desviadas, con alguna estrategia, hacia el comercio ilegal».
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«En segundo lugar tenemos las armas hechizas o modificadas, o armas artesanales, que son aquellas que no son hechas para el disparo, pero son adaptadas posteriormente o modificadas, para este fin. En tercer lugar tenemos las armas institucionales o que se encuentra bajo custodia policial o del Ejército, que también pueden ser desviadas al mercado ilegal», detalla.
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«En cuarto lugar están las armas que están en posesión de las empresas de seguridad privada y en quinto lugar, las armas que son internadas ilegalmente a nuestro país», explica la analista criminal.
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«En cuarto lugar están las armas que están en posesión de las empresas de seguridad privada y en quinto lugar, las armas que son internadas ilegalmente a nuestro país», explica la analista criminal.
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Respecto a esta última fuente Díaz es tajante en señalar que este contrabando es muy relevante puesto que «es un tráfico de armas donde las armas que ingresan ya tienen un inicio ilegal».
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Según la Fiscalía, entre 2015 y 2021, existen 303 investigaciones que han ingresado por tráfico de armas a nivel nacional. «Tampoco son tantas, pero si tú ves, a través de los años, en general fueron aumentando a partir del año 2018 en adelante las investigaciones por tráfico de armas. Entonces, si antes teníamos 21, 16, 30 investigaciones, pasamos a tener 60 y un promedio de 50 investigaciones a partir del año 2018».
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Sobre las armas de fogueo modificadas que quedan aptas para el disparo con munición convencional, Díaz señala que, según las cifras que maneja el Ministerio Público, han aumentado en el último año; información que se basa en las incautaciones realizadas de este armamento modificado.
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Las armas de instituciones armadas
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El extravío de armas de organismos armados chilenos son otra fuente importante de las armas ilícitas. Es así que entre enero de 2019 y el 23 de marzo de 2022, 69 armas de origen fiscal —tanto de la Policía de Investigaciones, Carabineros y como del Ejército—, fueron reportadas como extraviadas en sus dependencias, para un total acumulado de 60.000 armas extraviadas o robadas desde 1994 en las instituciones de orden e investigación.
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«Efectivamente si tú te das cuenta y vas encontrando, cuando incautan armas a delincuentes, armas que pertenecían a un carabinero o que pertenecen a las fuerzas de orden, tú claramente tienes indicios de que existe una fuga de armas desde las instituciones hacia los mercados ilegales», señala Javiera Díaz.
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La analista advierte que el Ministerio Público no tiene conocimiento del total de número de armas que tienen las instituciones armadas, menos aquellas que están en la ilegalidad. «Nosotros no tenemos un registro ni control sobre cuántas armas se compran, ni cuántas armas se han extraviado en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones».
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Además, considera que existen problemas en su fiscalización, respecto a «quién controla, cómo se controla y cuál es el control civil que existe de esa utilización de armas de fuego», lo que genera nichos de corrupción.
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«Las armas son un fuerte nicho de corrupción porque tienen un alto costo, tienen poco control y porque también existe la posibilidad, sin mayores investigaciones y explicaciones, de decir que la extraviaste o que te la robaron».
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La verdadera dimensión del problema
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Para el Ministerio Público, dados los antecedentes mencionados, la dimensión del problema de las armas ilícitas resulta compleja de cuantificar. Por un lado, el tráfico de armas es poco denunciado y la información que manejan surge de las investigaciones policiales o las incautaciones que se logran, «por lo que hay una cifra oscura de una parte importante de las armas ilícitas, sobre todo aquellas que entran en forma ilegal al país».
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Estudios de la ONU, cita Javiera Díaz, estiman que un 10% a un 20% del total de las armas inscritas están en el mercado ilegal de armamento. Esto significa que, si la DGMN calcula que existen 765.817 armas inscritas activas, «tendríamos que estimar que entre 80.000 y 160.000 serían armas ilícitas».
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Para la doctora en Derecho y analista criminal es importante añadir que «el tráfico de armas es un delito en sí mismo, pero además las armas son un medio para la comisión de otro tipo de delito y para ostentar un estatus. Además tienen un gran valor».
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En el mercado convencional el valor de las armas se estima que va de los 500.000 a hasta un millón de pesos (de 530 a 950 dólares); armas más sofisticadas alcanzan los 1,6 millones de pesos (1.700 dólares). Se calcula que en el mercado ilícito estas armas pueden duplicar su precio, por lo tanto, poseer un arma de fuego para un criminal puede ser —aunque nunca la use y la preste a terceros— un negocio muy lucrativo.
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Esto último es un dato importante, puesto que las armas «se pueden transar múltiples veces, dado que es una especie que con el uso no se deteriora, sino que puede ser eterna. Por lo tanto, puede ser utilizada para muchos delitos y ser pasada por muchas manos en el mercado ilegal, y esa es la gran problemática», completa.
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Por ello, para Javiera Díaz, el anuncio del presidente Gabriel Boric de avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas de fuego va en una línea correcta.
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«La política de desarme creo que es una política correcta, pero que no puede quedarse solamente en el eslogan del desarme, sino que debe anclarse en los problemas reales que tiene el control de armas en el país y el control de armas en Chile tiene grandes problemas en las armas que ingresan legalmente».
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Según la analista del Ministerio Público, se puede proponer prohibir, «pero si nosotros tenemos una legislación y tenemos una normativa y no somos capaces de aplicar esa normativa y de fiscalizarla, ¿por qué vamos a suponer que prohibiendo, siendo más restrictiva esa política, vamos a obtener un mejor resultado?».
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