La jueza ecuatoriana a cargo del caso del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, por el delito de paralización de un servicio público, decidió enviarlo a consulta a la Corte Constitucional, dijo a la Agencia Sputnik el abogado de la organización, Lenin Sarzosa.
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«La jueza decidió enviar el proceso a consulta a la Corte Constitucional para que determine la validez del plazo y la garantía del debido proceso», afirmó Sarzosa.
Este lunes, la jueza de Latacunga Paola Bedón declaró que la audiencia de juicio fue «fallida», por lo que la Corte Constitucional tiene 45 días para pronunciarse sobre el caso.
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El 13 de junio, Iza fue detenido tras una serie de hechos violentos que se registraron en el marco de las protestas que encabezaba entonces la Conaie en todo el país, según dijo el Gobierno.
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El hecho fue definido por la defensa de Iza como una «detención arbitraria» y supuso la presentación de una denuncia penal contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
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El 16 de junio, Bedón ordenó la liberación Iza.
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Además, la jueza ordenó medidas alternativas para el dirigente indígena, como la presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salir del país, por la presunta paralización de un servicio público.
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Por su parte, Sarzosa afirmó, en diálogo con Sputnik, que durante la audiencia la defensa de Iza pidió asistencia internacional debido a que la Policía no puede hacer la investigación del caso ya que a partir del 6 de junio «interceptó teléfonos, hizo seguimiento e inteligencia contra la Conaie», por lo que «no puede ser juez y parte al mismo tiempo».
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Además, dijo que la jueza decidió llevar el caso a la Corte Constitucional debido a que la defensa solicitó unas pericias especializadas, las cuales eran imposible de realizar en los próximos días.
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«Se requerirían 60 días, por lo que la defensa no podría contar con las pruebas necesarias para realizar una defensa adecuada. También la jueza determinó que la presentación de dos días de Iza ante la Justicia a la semana estaría en contradicción con las garantías del debido proceso y se amplío para que se pueda presentar cada quince días», explicó.
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El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal con una pena de prisión de uno a tres años.
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La Conaie realizó desde el 13 al 30 de junio una movilización nacional indefinida en contra de las políticas de Lasso, y en demanda de la reducción y congelamiento del precio de los combustibles, entre otros aspectos.
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El jueves, el Gobierno y los indígenas llegaron a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones.
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