Narcotráfico y nexos políticos: el caso Marset alerta a Sudamérica

La fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset desde una cárcel de Dubái despertó las suspicacias sobre sus posibles conexiones políticos en Paraguay y Uruguay. En diálogo con el criminólogo paraguayo Juan Martens explicó que la connivencia de funcionarios públicos es vital para la expansión del narcotráfico.
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El nombre de Sebastián Marset comenzó a sonar en medios de comunicación sudamericanos luego de que un trámite en el consulado uruguayo de Dubái le permitiera hacerse de un pasaporte uruguayo y así salir de prisión.
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Marset, de 31 años y señalado como líder de organizaciones narcotraficantes en Paraguay, estaba detenido desde hace un año en Emiratos Árabes Unidos por ingresar al país asiático con un pasaporte paraguayo falso.
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Fiorella Prado, cónsul uruguaya en Dubái, se apersonó en su lugar de detención para tomarle datos y fotografías, para luego expedir un pasaporte uruguayo con el que pudo ser liberado y emprender la fuga por distintas causas e investigaciones.
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El caso alcanzó notoriedad cuando el Ministerio del Interior del Paraguay dio a conocer detalles de las investigaciones de inteligencia en contra de Marset que lo sindican como el líder de una organización narcotraficante. Además, medios colombianos lo señalaron como el presunto autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ultimado el 10 de mayo en la isla colombiana Barú (noroeste) mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa y lideraba una investigación sobre narcotráfico en el país.
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Según inteligencia de Paraguay, el asesinato de Pecci en Colombia guarda relación con el golpe que sufrió la organización comandada por Marset —que operaba bajo la fachada de productor de eventos musicales y futbolista— en la operación A Ultranza Py dirigida por Pecci y gracias a la cual se incautaron bienes por más de 100 millones de dólares.
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Fuentes del Ministerio del Interior del Paraguay indicaron a medios paraguayos que Uruguay estaba al tanto de los antecedentes de Marset, cuya pista era seguida incluso por la DEA (Administración de Control de Drogas) de EEUU.
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La entrega del pasaporte desató un escándalo político en Uruguay, donde la coalición opositora Frente Amplio cuestionó al Ministerio del Interior y a la Cancillería por entregar el documento a Marset de forma ‘urgente’ a pesar de que la propia cónsul en Dubái recomendó analizar el caso con detenimiento.

La preocupación llegó a Colombia, desde donde el presidente Gustavo Petro advirtió que «la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narcotráfico de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial».
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La conexión con lo público

En diálogo el criminólogo paraguayo Juan Martens apuntó que las estructuras criminales de la envergadura de una red de narcotráfico internacional requieren la coordinación con «redes de poder hegemónico donde el sector público, más que político, da cobertura a estos emprendedores».
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Según el especialista, investigador del Sistema Nacional de Ciencias y docente de la Universidad Nacional de Pilar de Paraguay, la cobertura que estos criminales reciben desde sectores públicos «facilita que se muevan impunemente y hace que su negocio sea rentable».

Martens consideró que casos como el de Marset existen «porque hay una cobertura político-jurídica de las fuerzas de seguridad y justicia para que funcione el esquema».

Cada tanto, esta comunión entre lo ilícito y lo público «se quiebra por algún motivo, por alguna desavenencia o incluso se quiebra por competencia entre los grupos». Eso «es lo que hace que cada tanto caigan, porque los aparatos de seguridad también necesitan ciertos resultados para que todo siga funcionando», explicó.
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Las ramificaciones del caso Marset ejemplifican de forma clara las conexiones entre el narcotráfico y lo público. En 2018, una investigación coordinada entre la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) de Uruguay y la Unidad de Investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senade) de Paraguay detuvo y procesó con prisión a Juan Domingo Viveros Cartes —alias Papacho—, tío del expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018), que piloteaba una avioneta de propiedad del exmandatario que aterrizó en Uruguay con 450 kilos de marihuana.
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Según consta en declaraciones de la investigación, aquel cargamento iba dirigido a Marset.
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Una red latinoamericana

Para Martens, las redes de Marset en Paraguay, desde las que traficaba cocaína a través de la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná «con los puertos de Buenos Aires y Montevideo como zona de salida», han convertido a Paraguay «en un gran hub de distribución de cocaína».
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«Diversos actores, estructurales, institucionales, geopolíticos, lo constituyeron y ejercieron un efecto de atracción a distintos grupos al país», sostuvo el criminólogo paraguayo.
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«El primero que vino fue el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, que hace más o menos 10 años, convirtió a Paraguay en una zona de distribución de cocaína. Antes explotaban la marihuana», explicó.

Paraguay sigue siendo el primer productor de marihuana ilegal de América del Sur, «entonces el PCC, el grupo criminal más grande de América Latina, vino y desplazó a los productores e intermediarios y hoy controla la cadena de producción, de traslado y venta minoritaria en ciudades brasileñas. Lo mismo pasó desde hace algunos años con la cocaína. Se utiliza la hidrovía Paraguay-Paraná» para ello, destacó Martens.
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Según el experto, Marset es uno más «de los tantos emprendedores o ‘patrones’ como les llaman aquí, de la cocaína, que vino a establecerse y desde aquí coordinar el envío de cocaína».

«Es una red latinoamericana. Aquí están operando cárteles mexicanos, colombianos, brasileños, de Europa del Este, italianos —la ‘Ndrangheta calabresa está trabajando con el PCC—, o sea, Paraguay ejerció un efecto de llamada con relación a varios grupos criminales y por eso estamos hablando de un negocio transnacional que están operando en distintas redes», subrayó Martens.

Para Martens, para que el negocio prospere es preciso que exista la connivencia de funcionarios públicos de los países. «¿Cómo pasa los controles en Montevideo? ¿Cómo pasa los controles de Buenos Aires? Son preguntas que quedan sueltas», enfatizó.
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«Si bien aquí en Paraguay tenemos un gran centro logístico, la ruta es internacional. Empieza en Perú, en Bolivia, en Colombia, pero termina en Australia o termina en Europa, son varios grupos que van coordinando, realizando partes de esas tareas y van pasando por distintos países», concluyó el criminólogo.