Más allá de las visiones que puedan existir sobre la nueva Constitución y, aun entendiendo que es mucho lo que está en disputa en el plebiscito del 4 de septiembre, hay que asumir que hay ciertos mínimos que no se deben traspasar.
En primer lugar, no es aceptable que se busque cuestionar nuestro sistema electoral porque hay personas fallecidas en el padrón. Ello sucede en todos los países del mundo porque, como es obvio, los padrones electorales se cierran antes del día de las elecciones y, por tanto, siempre habrá personas muertas en dicho padrón. Todavía menos aceptable y tremendamente inhumano es que representantes del Rechazo hayan realizado publicaciones que podrían considerarse una mofa hacia las personas detenidas desaparecidas, cuyos nombres aparecen en los padrones electorales. Las y los familiares de esas personas llevan casi 50 años sin siquiera poder tener los restos de sus seres queridos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte de agentes del Estado; personas que además, han debido enfrentar, por décadas, la impunidad. En este marco, debiera ser ya algo indiscutido que en una campaña electoral no es aceptable burlarse del sufrimiento de víctimas de la violencia estatal. Simplemente no lo es. Nunca.
El segundo ejemplo tiene que ver con lo sucedido en estos días en la franja televisiva del Rechazo. En dicha franja aparece una persona que se desempeñaría como trabajador sexual, y que señala que decidió «por amor» no denunciar al hombre que le disparó. Nuevamente la legítima discusión sobre un texto constitucional y las diferencias que puede haber entre las diversas alternativas, se ve afectada por quienes pareciera que consideran que todo vale por la importancia de lo que está en disputa. Pues bien, nuevamente hay que dejar en claro que ‘no todo vale’. Decir que no denunciar la violencia es un acto de amor es derechamente dar un mensaje de impunidad respecto de ciertos crímenes. Las organizaciones que han luchado para erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales saben muy bien cuánto ha costado que las víctimas den el paso de denunciar y que el Estado asuma su rol de investigar los crímenes y sancionarlos. Tienen también muy claro lo difícil que ha sido enfrentarse una y otra vez a los discursos que normalizan o minimizan la violencia de género y los crímenes de odio. Por ello, no puede ser aceptable que en una franja televisiva que se desarrolla en el contexto de un proceso eleccionario, algunos repliquen estos discursos que tanto daño han hecho en contra de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados.
En este contexto me gustaría señalar que por primera vez en un texto constitucional chileno se señalan expresamente algunos puntos que están vinculados de cierta manera con lo mencionado anteriormente, por ejemplo, expresa que ninguna persona podrá ser «sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes» (art. 21) ni «sometida a desaparición forzada» (art. 22). También se establece de manera inédita que «El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos» (art. 15.2 y, con más detalle, en el art. 24). Por otra parte, en el artículo 312 se señala que «Los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, en todas sus manifestaciones y ámbitos».
En definitiva, no todo vale y eso debemos tenerlo en cuenta siempre, en particular en los días que quedan de campaña. Una disputa electoral no puede dar cabida a re victimizar a familiares de personas detenidas desaparecidas. Tampoco puede dar lugar a que se vuelva a normalizar la violencia en contra de las personas perteneci
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Rodrigo Bustos – Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
