Con artículos sobre el derecho a huelga y la libertad sindical, la propuesta de Constitución de Chile busca consagrar derechos laborales debilitados en la constitución pinochetista de 1980. Consultados dirigentes de las dos centrales sindicales más importantes se debatieron entre el optimismo y el escepticismo por su cumplimiento.
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Por Polo González
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Seis artículos de la propuesta de nueva Constitución de Chile consagran el derecho al trabajo a través de principios como el trabajo digno, el derecho a huelga y la libertad sindical.
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«El sindicalismo se dividió y se fragmentó en los años 80. Se fragmentó porque se llevó la sindicalización a nivel de empresa, entonces se perdió el colectivismo. Nosotros creemos que hoy día es fundamental adquirir estos nuevos derechos, sobre todo la libertad sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y que el titular de la negociación colectiva sea la organización sindical«, dijo David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
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Cabe precisar que durante la dictadura cívico – militar (1973 – 1990) se implementó una nueva normativa de trabajo bajo el nombre de Plan Laboral.
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Dicho plan consistió en la dictación de dos decretos leyes que incluían cuatro ejes fundamentales:
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1. Negociación colectiva reducida a cada empresa, sin posibilidad de coordinación entre sindicatos de distintas compañías.
2. Huelgas en las que no se paralizaban las faenas y consideraban el reemplazo de los trabajadores.
3. Libertad o paralelismo sindical que entregaba la posibilidad de formar varios sindicatos con pocos miembros para despojarlos de su carácter único.
4. Despolitización sindical al obligar a los sindicatos a tener como preocupación solo su lugar del trabajo, evitando así que se constituyan como agentes de cambio social.
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Estos ejes fueron la base para la instauración del Código del Trabajo en 1987 y claves en la implementación del sistema económico neoliberal en Chile.
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El presidente de la CUT, la organización sindical más grande de Chile, explicó que la propuesta de nueva Constitución le permite a las organizaciones sindicales la negociación ramal, es decir, de todo un sector y ya no solo dentro de cada empresa.
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«Es recuperación para nosotros, una recuperación y un avance. Es la recuperación de derechos perdidos en dictadura, lo cual hoy día nos puedan permitir avanzar con un mejor y más fuerte sindicalismo. Ahí es donde nosotros tenemos que poner toda la esperanza y todos los ojos, y tenemos toda la fuerza puesta», dijo Acuña.
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Los derechos laborales en la propuesta constitucional
«Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo”, establece el artículo 48 de la propuesta constitucional.
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El proyecto instaura marcos constitucionales para el desarrollo y funcionamiento de los sindicatos. Dentro de ellos destaca la negociación ramal, que permite a sindicatos de diferentes empresas pero de un mismo giro productivo llevar adelante un proceso de negociación colectiva.
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«Las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga», añade la propuesta constitucional.
El texto también consagra que «las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho».
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Así mismo, se consagra el trabajo doméstico en la nueva Constitución. «El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad», señala el artículo 49.
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Entre el optimismo y el escepticismo
Acuña explicó que desde la CUT han venido trabajando varios años en un cambio constitucional que tenga entre sus ejes la consolidación de la libertad sindical, algo que para los trabajadores resulta fundamental.
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«Hay distintos aspectos que a nosotros nos parece muy bien y que creemos que hoy día podrían generar un gran cambio en el poder negociador de las organizaciones sindicales, sobre todo poder tener un derecho a huelga que vaya más allá de la de que esté enclaustrado en la negociación colectiva, sino que podamos elegir también sobre qué podemos manifestar», dijo Acuña.
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Pero mientras desde la CUT se muestran optimistas con la propuesta de nueva Constitución, desde la Central General de Trabajadores (CGT) se mostraron escépticos a lo consagrado por los convencionales en el texto.
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En conversación, el presidente de la CGT, Manuel Ahumada, señaló que «siendo objetivo y con la Constitución en la mano, no hay una gran garantía de derechos laborales. Ahí siento que hay mucha verborrea y poca cuestión efectiva».
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Ahumada aseguró que 4,5 millones de trabajadores no van a tener derecho a negociar colectivamente ni a constituir sindicato según los quórum que la legislación está estableciendo.
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«La negociación podrá ser ramal sectorial. Entonces, cuando se dicte las leyes, ¿quién dicta las leyes? Es iniciativa del presidente de la República. En este caso la Constitución le mandata entre 18 y 24 meses. ¿Tiene el presidente el mandato? El presidente manda un proyecto de ley y que él lo va a tener que aprobar el Parlamento. ¿Y qué tipo de parlamento tenemos hoy? Un Parlamento que podría querer ajustar, disminuir», cuestionó Ahumada.
Sin embargo, y a pesar del escepticismo mostrado, Ahumada no titubea en señalar que la propuesta de nueva Constitución es mejor que la carta fundamental elaborada por la dictadura.
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«Aquí hay reconocidos en el papel más derechos que en la otra ¿cuánto de ello se transforma en ley? Ahí está el problema, porque va a depender de la fuerza. Es la fuerza social la que mueve, la que va a generar cambio en la ciudadanía. Si no hay organización social, no van a haber leyes profunda», agregó Ahumada.
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La fuerza de los trabajadores
Tanto Acuña como Ahumada están de acuerdo en que la profundización del proceso y las garantías para los trabajadores dependerá de la fuerza y la movilización de los sindicatos.
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«Más del 80% de los trabajadores no está organizado. Por lo tanto, en ese hipotético caso del triunfo de la Apruebo, vamos a tener una Constitución que tiene dos elementos muy interesantes, pero que implica un pueblo organizado», dijo Ahumada.
El dirigente de la CGT explicó que un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 3% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular de ley para hacer la mitad legislativa con la nueva Constitución.
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«¿Cuál es la iniciativa popular de ley? Locomoción, colación, por mes trabajado. Aguinaldo para todos los trabajadores. Indemnización por año de servicio, etc. Todas aquellas demandas que son sentidas que son plataformas de lucha nuestra podrían transformarse en uno o varios proyectos de ley», agregó.
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«Si queremos nacionalizar el cobre, tendríamos que reunir 1 millón y medio de firmas. ¿De quién es la tarea? ¿Es de los que han hecho política toda la vida? ¿Es de los partidos políticos tradicionales? En nuestra opinión, la tarea es del pueblo y es de la clase ese deber. En ambas alternativas, reforma constitucional o proyecto populares de ley, se requiere pueblo organizado», finalizó Ahumada.
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Por su parte, el dirigente de la CUT señaló que «este es un proceso en construcción. Ahora tiene que tener obviamente la aprobación el 4 de septiembre. Nosotros estamos esperanzados en que así ocurra, pero después viene la instalación en leyes».
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«No es que el Congreso vaya a dirimir, sino que tiene que también ir en el mismo espíritu de la Constitución el tema de la sindicalización. El rol del colectivismo es fundamental. El rol que tienen que jugar las organizaciones sindicales también lo es», finalizó Acuña.