- La iniciativa, de origen parlamentaria, fue aprobada por unanimidad en la Sala de la Cámara y despachada al Ejecutivo para su promulgación.
La Cámara despachó para su promulgación como ley de la República el proyecto que permite el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria, por causa de una epidemia o pandemia (boletín 14611).
El texto, que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, señala que el empleador deberá ofrecer a la trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones. Esto, durante el tiempo que dure el estado de excepción constitucional o la alerta sanitaria. También, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello.
La norma, agrega que, si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo.
Lo anterior, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.
Añade que tal obligación será exigible por el tiempo que se extienda el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública o la alerta sanitaria. Igualmente, en el territorio en el que la autoridad haya determinado su aplicación.
Reacciones
Las y los legisladores valoraron la iniciativa y señalaron que esta tiene una doble finalidad. Por un lado, proteger a la mujer y, por otro, cuidar la vida del que está por nacer.
En el mismo sentido, agregaron que la norma pretende disminuir cualquier tipo de contagios y prevenir el riesgo de salud para las trabajadoras. Asimismo, evidenciaron que las y los chilenos, hoy día, “necesitan medidas que les permitan vivir tranquilos”.
Añadieron que esta iniciativa será complementada, en el futuro, con otros proyectos que van en la misma línea. Estos tienen relación con los cuidadores de niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad. Todo en el contexto de un estado de excepción o alerta sanitaria.