SANTIAGO – El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, a raíz del ataque transfóbico que sufrió Alejandra Soto Castillo, presidenta del Sindicato Independientes de Trabajadoras Sexuales, Transgéneros y Travestis Amanda Jofré.
La acción judicial se suma a la presentada por Mariela Santana y Victoria Herrera, abogadas de CODEPU, en octubre del 2021, a los pocos días de ocurrida la agresión femicida en la comuna de Independencia.
Mariela Santana se refirió respecto a esta nueva querella, “el Estado, representado en este caso por el Gobierno de Chile y la delegada presidencial, cumple con el mandato de la Convención de Belém do Pará en cuanto adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y la querella presentada tiende a realizar todas y cada una de las diligencias de investigación para terminar con dicha violencia. El Estado no se queda en el discurso sino que concreta un compromiso internacional”
Santana agrega que al día de hoy “uno de los imputados, Giovanni Carrasco Marín se encuentra privado de libertad y a pesar de que ha solicitado en reiteras ocasiones el cambio de la medida cautelar, ésta no se le ha concedido en virtud de la gravedad del delito y el daño causado”. “El otro imputado, Víctor Iris Ruiz, fue formalizado en ausencia porque se sustrajo de la acción de la justicia, fugándose a Bolivia. Su extradición fue solicitada y autorizada por la Corte Suprema y a la fecha no se ha logrado su captura en territorio boliviano y por tanto no ha podido ser puesto a disposición de la justicia chilena”.
La agresión en contra de Alejandra Soto, se inició como un asalto que escaló a crimen de odio transfóbico en cuanto los agresores se percataron que su víctima era una persona transgénero, motivo por el cual la rociaron bencina sobre el torso, la apuñalaron en su muñeca y prendieron fuego a su cuerpo.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1994 y más conocida como Convención de Belém do Pará, por la región brasileña en que se realizó, fue el primer tratado internacional del mundo de Derechos Humanos que abordó la temática y la violencia contra las mujeres y que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito privado como en el público.
