Al conmemorarse tres años desde las masivas movilizaciones que sacudieron Chile, el presidente del país, Gabriel Boric, señaló que el actuar de la Policía durante el estallido social «sobrepasó los límites de lo aceptable», haciendo hincapié en los abusos sexuales cometidos por los agentes del Estado.
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Por Polo González
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«Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir», dijo el presidente chileno el pasado 18 de octubre, en el tercer aniversario del estallido social.
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Tras los dichos de Gabriel Boric, las diputadas de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) oficiaron al Ministerio Público y al Poder Judicial para corroborar las declaraciones emitidas por el mandatario.
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«Resultaría sumamente grave que el presidente Boric, casi en cadena nacional, le haya imputado delitos graves a los funcionarios policiales sin que hayan sido comprobados», señalaron las diputadas.
El fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, corroboró lo señalado por Boric y constató que el Ministerio Público registra 300 causas por violencia sexual ligadas a Carabineros de Chile en contexto del estallido social.
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Asimismo, el fiscal dio a conocer que se registra tan solo una condena por estos delitos, la cual fue adoptada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, 2.036 kilómetros al norte de la capital.
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El 23 de septiembre de 2022, el tribunal ariqueño condenó a la cabo de Carabineros Francisca Benavides Vera a una pena remitida de 541 días de cárcel por apremios ilegítimos. En la sentencia se narra cómo obligó a dos detenidas a desnudarse en frente de ella en una comisaría en octubre de 2019, contraviniendo las instrucciones vigentes.
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En conversación, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, comentó que esto «se enmarca dentro del cuadro general de impunidad que tenemos respecto del conjunto de las violaciones de derechos que se cometieron durante el estallido social».
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El presidente de la CCHDH explicó que la justicia no ha avanzado lo suficiente para obtener sentencias que condenen y sancionen a quienes «cometieron crímenes contra la humanidad durante el estallido social».
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Según cifras oficiales, a marzo del 2021, se habían presentado 11.488 denuncias —de las cuales solo 14 terminaron en condenas— contra agentes del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
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Para Margotta la cifra es «tremendamente insignificante. Además es muy grave, puesto que no solamente es una cifra irrisoria, sino porque ninguno de ellos corresponde a los integrantes del Alto Mando de Carabineros».
Los informes internacionales que no fueron tomados en cuenta
Cuatro organismos internacionales de derechos humanos recorrieron Chile durante el estallido social y elaboraron informes para comprender la magnitud de las violaciones cometidas por los agentes del Estado.
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El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó constancia de la violación al derecho a la vida y destacó las denuncias de que se «habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual».
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El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) entregado el 13 de diciembre de 2019, recopiló 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (seis), niñas adolescentes (tres) y un adolescente en el contexto de las protestas.
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«La violencia sexual reportada a la ACNUDH incluyó violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales y manoseos. Algunos de este tipo de tratamiento puede constituir tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes».
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El informe entregó recomendaciones al Estado de Chile, entre las que destacaba la necesidad de una reforma profunda de género en los protocolos de Carabineros.
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De la refundación al apoyo irrestricto a Carabineros
Pese a que Gabriel Boric durante su periodo de campaña había hablado de refundar Carabineros, finalmente optó por una reforma que aún no es ejecutada y confirmó en su puesto al general director, Ricardo Yáñez, quien está imputado en varias causas por violaciones de derechos humanos durante el estallido social, tanto a nivel nacional como internacional.
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Margotta explicó que la reforma a Carabineros es necesaria para el país y cuestionó la ratificación de Ricardo Yáñez en la dirección de la institución policial.
«Yáñez está querellado en muchas causas, en muchos procesos por violaciones a los derechos humanos. Además, ha sido denunciado con las demás autoridades políticas y militares ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por su participación en la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, establecidos en el artículo 7.º del Estatuto Roma», dijo Margotta.
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