La violencia en Putumayo pone a prueba la Paz Total del presidente Petro en Colombia

Los combates entre grupos al margen de la ley son más intensos con el paso de los días. 
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Por Camilo Amaya
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El relato es sombrío para el foráneo, cotidiano para el campesino de la región. Luego de fuertes combates entre dos grupos al margen de la ley, en la zona rural de Puerto Guzmán, municipio de Putumayo —suroccidente del país, cerca de la frontera con Ecuador—, los integrantes de unos de los bandos reunieron a la comunidad y les ordenaron buscar un vehículo de carga para montar a los muertos que dejó el enfrentamiento y llevarlos hasta el cementerio más cercano. Así tal cual, en ese orden, sin posibilidad de refutar.
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Esto sucedió el pasado 19 de noviembre cuando, a plomo y sangre, se encontraron el frente primero Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y Comandos de la Frontera, organización que nació de la alianza entre estructuras mafiosas, entre ellas, el cartel de Sinaloa. El saldo, según la Defensoría del Pueblo, fue de 18 personas asesinadas.
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La razón del recrudecimiento de la violencia en esta zona, rica en sembrados de plátano y yuca, es el control del narcotráfico, de las plantaciones de hoja de coca que se expande en uno de los departamentos de Colombia con más cultivos de este tipo y en aumento desde 2014, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con 32.000 hectáreas nuevas en 2021.
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«La situación es inmanejable. Acá el que manda es el que tiene las armas y el campesinado queda en medio de una guerra en la que no tiene nada que ver. La sociedad civil sigue siendo el blanco de estas organizaciones y por eso la cantidad de muertos, por eso la cantidad de gente desplazada», le dice Édison Mora, alcalde de Puerto Guzmán.
Más allá de las peticiones del mandatario local para que el Gobierno Nacional preste atención a la situación, y del anuncio de Alfonso Prada, ministro del Interior, de aumentar el pie de fuerza en este territorio, nada ha cambiado. Las amenazas se mantienen, el ruido de los rifles también.

«A un campesino lo obligaron a tener en su finca a integrantes de uno de estos grupos durante varios días. El otro bando se enteró y a la semana le dijo que si no se iba lo mataban. Entonces, al pobre hombre no le quedó otra opción que abandonar su pedazo de tierra», agregó Mora, que el lunes 28 de noviembre viajó a Bogotá para reunirse con congresistas y con Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz, y hacer un llamado a la acción.
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La violencia que arremete contra los habitantes de Puerto Guzmán no es algo nuevo, solo que se tomó los titulares de los medios nacionales por lo ocurrido el 19 de noviembre. «Con el paso de los días los combates son más intensos y la comunidad ya no puede ni salir de sus hogares en las veredas. En años anteriores no pasábamos de los 25 asesinatos, ahora ya vamos por arriba de los 100. Muertos, desplazamientos, semana tras semana», enfatizó Mora.
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De hecho, el mismo alcalde de Puerto Guzmán no ha sido ajeno a las amenazas y por eso tiene que despachar dos días desde el casco urbano del municipio y los otros tres desde Mocoa, capital del departamento.
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«Tenía una finca pequeña y un día uno de los trabajadores bajó a decirle que el predio había quedado confiscado por una de estas estructuras hasta nueva orden. Y que si alguien entraba sin permiso sería declarado objetivo militar».

En esta conversación, Mora, que tiene que moverse en camioneta blindada y con dos motos de escoltas, repite varias veces que la comunidad, su comunidad, se acostumbró a hacerle caso a quienes cargan las armas, que ya nadie es libre en la zona y que todavía no ve acciones claras del Gobierno del presidente Gustavo Petro para contrarrestar una violencia que no parece detenerse con nada, todo lo contrario, que aumenta arrasando con todo y todos.
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«Me dicen que desde el Gobierno van a continuar los acercamientos con estas estructuras para concretar un cese al fuego. Pero hasta ahora eso no ha tenido eco. Si la Paz Total parte por parar los combates, hay que dejarle claro a estas estructuras que para acogerse tienen, si o si, que parar de matarse y de poner en peligro a la población civil».
Agobiado por una sensación de precipicio, sin muchas alternativas, el alcalde pide que el Alto Comisionado de Paz viaje a Putumayo, que tenga un acercamiento con los dos grupos y que ponga un alto a una situación que ya no puede controlar él.
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«No tenemos el pie de fuerza suficiente y tampoco lo hay como para poner un soldado o un policía cada metro cuadrado de la zona rural. Hay que llegar a una salida dialogada, no hay de otra. Son estructuras que se mueven sin problemas, que quieren tener el control de los ríos, las carreteras, que un día están acá y al otro más allá. Así es imposible contener la emergencia humanitaria que vivimos».